Gatillo fácil: crítica de la Nación al desempeño judicial santafesino

"Muestra debilidad para resolver los temas", dijo un funcionario de la Secretaría de Justicia que recibió a los familiares de jóvenes muertos bajo balas policiales

El asesor de gabinete de la Secretaría de Justicia de la Nación, Eduardo Enrique Guarna, consideró que existen debilidades en el sistema judicial santafesino en relación a la investigación de casos de violencia institucional de la policía. Y evaluó que tanto como en otras jurisdicciones del interior del país existe un "emparentamiento" entre el Poder Judicial local y la corporación policial. Un día después de la reunión que tuvo en Buenos Aires con los padres de jóvenes muertos en casos de gatillo fácil y asesinados por delincuentes comunes en la provincia, Guarna planteó además que existe desigualdad en el acceso a la Justicia para los sectores socioeconómicos más relegados.

Las declaraciones fueron formuladas la tarde de ayer al programa radial "Sin Límites", de LT8. Guarna, que es abogado y asesora al secretario Pablo Luis Lanusse, hizo una lectura crítica del sistema judicial al ser consultado sobre la impresión que se llevó de la reunión que tuvo el jueves con los Padres del Dolor y la mañana de ayer con una delegación de Reconquista entre quienes se encontraban familiares de los tres muertos en la masacre del Biguazal, en Reconquista (ver aparte).

"La primera impresión es que hay un movimiento por parte de los familiares para asociarse y pugnar por una mayor transparencia en la esfera de la Justicia. El sistema judicial de Santa Fe muestra una debilidad bastante importante en cuanto a resolución de los temas", evaluó Guarna, quien atribuyó esa falencia a los "intereses" que permiten el acceso a los cargos y los "favores" que en consecuencia hay que devolver. "Esta es una de las constantes que se da en todo el interior del país y con menor medida en Buenos Aires. Existen circunstancias que son delito y terminan impunes porque hay distintas obligaciones o facturas que se pasan entre la corporación policial y la corporación Justicia. Hay ciertas circunstancias que se cocinan puertas adentro", consideró.


De Rosario a Reconquista
Acerca de la reunión con los Padres del Dolor, Guarna destacó las dificultades que refirieron los integrantes de la asociación a la hora de participar de los procesos penales, con escollos que van desde la "rigidez en la entrega de fotocopias" hasta las trabas que encuentran para litigar los abogados que los representan, lo que lleva a que las víctimas "no encuentren una respuesta tanto de las fiscalías como de los juzgados actuantes".

En ese sentido, Guarna evaluó que el acceso al sistema judicial presenta diferencias ara los sectores de bajos recursos. "Es una de las asimetrías que nosotros evidenciamos", manifestó. Reveló también que con el fin de paliarlas desde el Ministerio de Justicia se firmó un convenio con el Colegio de Abogados de la ciudad Buenos Aires y la Procuración General de la Nación para que psicólogos, asistentes sociales y abogados especialmente entrenados asistan a las víctimas.

"Ya la posibilidad de pagar un abogado está determinando una diferencia entre quien puede llegar y quien no. Y la posibilidad de pagar los gastos que muchas veces requieren las pericias balísticas o médico forenses", ejemplificó Guarna, quien concluyó que "la impunidad afecta a todo. Lo que pasa en Santiago del Estero tiene consecuencias en todo el país. Por eso se intentará transparentar la Justicia" a través del programa anti-impunidad que está a consideración del presidente Néstor Kirchner.

Guarna recibió ayer a la mañana a familiares de las víctimas de la llamada masacre del Biguazal. Esta sucedió en la madrugada del 2 de enero de 2001, en un paraje ribereño ubicado a pocos kilómetros del puerto de Reconquista. Un día antes, Francisco Meza, su hijo Rafael y Matías Bustamante, un vecino del barrio, llegaron en lancha al lugar con el objetivo de pasar unos días de pesa al aire libre.

Los tres hombres, todos domiciliados en Reconquista, fueron ejecutados con armas de fuego y uno de ellos recibió un certero machetazo en la cabeza. La investigación primero estuvo a cargo de la delegación local de Prefectura, pero días después pasó a manos de la Unidad Regional IX. A fines de febrero de ese año fue detenido Carlos Cano, un cazador de 19 años, quien le encontraron en su poder el reloj pulsera de Rafael Meza.

El sospechoso siempre manifestó que no tenía nada que ver con el triple homicidio, pero cayó en una contradicción. Al ser indagado por la policía, dijo que había comprado el aparato en la Fiesta del Surubí y días después afirmó que declaró eso bajo presión e inducido por los investigadores que lo había encontrado en la terminal de ómnibus.

Mientras la situación de Cano se complicaba y era procesado por triple homicidio calificado, su abogado defensor y el representante de las víctimas denunciaron graves irregularidades en todo el proceso de recolección de pruebas y la inacción de la policía en la búsqueda de los presuntos cómplices. La causa marcha hacia un juicio oral, que aún no tiene fecha.

Los padres pidieron a Pogliese no ser repimidos.