Deuda. La propuesta de renegociación que ofreció el gobierno golpea con dureza en el país. Cuánto perderán los aportantes cautivos de las AFJP

El lastre que arrojó el default puertas adentro

Casi 40% de los bonos impagos pertenecen a tenedores locales. Cómo y quienes se perjudican. Qué será de las AFJP

Sandra Cicaré / La Capital

La renegociación de la deuda pública que encaró el gobierno con los acreedores privados amenaza con volver a meterle la mano en el bolsillo a los argentinos. Sucede que el 38,4 por ciento de los títulos que están en default -un total de 33.427 millones de dólares- está en manos de tenedores locales: por decisión propia, como en el caso de los inversores individuales, o en forma compulsiva e inconsulta, como ocurrió con los aportantes al sistema previsional de capitalización (AFJP).

Todos ellos y sin distinción o privilegio, tal cual anunció el ministro de Economía Roberto Lavagna, serán sometidos al mismo tratamiento que el resto de los acreedores diseminados por el mundo. Esto es, sufrirán una quita del 75 por ciento en el valor nominal de sus títulos, una decisión que el gobierno de Néstor Kirchner aseguró será "inamovible", aunque se trató de una oferta para sentarse a negociar.

El anuncio oficial desató la crítica desde todos los frentes, especialmente puertas adentro a través de una dura estocada de las AFJP que alertaron sobre las pérdidas que sufrirán sus afiliados -en rigor todos los trabajadores- con esta quita.

Pero la respuesta oficial fue más cruda aún. Se acusó a las administradoras de "invertir mal" y de no cuidar los intereses de sus afiliados al haber rechazado la pesificación (salvo AFJP Nación) a través del cambio de los bonos en default por otros en pesos que el gobierno hasta ahora viene pagando en forma religiosa.

Más allá de los chispazos del cruce de acusaciones, la discusión de fondo de la administración Kirchner pasa por avanzar en una reformulación del sistema previsional que le de al Estado un rol más activo en el control de los fondos y donde las administradoras privadas ocupen un papel secundario.

El camino había sido abierto durante el gobierno de Eduardo Duhalde, cuando la ministra de Trabajo Graciela Camaño, presentó una propuesta de cambio del sistema previsional. Y hoy ya existe un proyecto que está bajo tratamiento parlamentario, a consideración del Senado.


Blanco sobre negro
El plan de reestructuración que presentó la Argentina en la Asamblea Anual del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Dubai sinceró la situación financiera real que atraviesa el país y dejó claro qué es lo que está dispuesto a pagar un Estado que entró en default y vivió una prolongada crisis. Aún así, la verdad resulta por demás de cruda para los argentinos y para los miles de inversionistas que a lo largo y ancho de todo el mundo compraron bonos nacionales.

Por caso, 9,3 millones de personas tienen sus fondos en las AFJP, un sistema que invirtió el grueso de su cartera -primero voluntariamente pero luego por presión del Estado- en títulos públicos que luego entraron en cesación de pagos.

En tanto, los tenedores individuales de bonos defaulteados suman 500 mil personas en todo el país. Se trata de quienes optaron por esta forma de inversión a mediano y largo plazo que estaba garantizada por el fondos del Tesoro Nacional.

El economista Jorge Bertero trazó un perfil de los inversores locales de títulos públicos. "Era gente que tenía actitud conservadora, que ahorraba a largo plazo y que mayoritariamente pagó el bono al 100% de su valor. Estan muy lejos de quienes dicen que es gente que compraba porque la tasa era especulativa". Para el analista, se trata de inversores que se daban el lujo de invertir a largo plazo y que tenían como alternativa el mercado secundario para vender los bonos ante una necesidad, pero que generalmente los utilizaban para ahorrar.

Aunque los títulos públicos no ofrecían un rendimiento exorbitante, siempre se podía conseguir algunos puntos de interés mayor que los que ofrecían las colocaciones bancarias y como reaseguro tenían el respaldo del Tesoro argentino.

Así, la tasa facial -la que está impresa en el título- para el Global 2017 era del 11,375%, la del 2027 del 9,75% y la del Global 2030 del 10,25%. En tanto por un título de corto plazo como el Bonte 2002 (que vencía en mayo del año pasado) se cobraba una tasa del 8,7% cuando al mismo tiempo que el Banco Nación ofrecía colocaciones por el 6,7%.

La diferencia y el reaseguro del Estado tentaron no sólo a los inversores individuales, sino que se sedujeron mucho más a los fondos de pensión (AFJP) que, en el año 2001 y a poco de la crisis que terminó con el gobierno de Fernando de la Rúa, tenían más del 50 por ciento de su cartera en títulos públicos.

Para el economista de la Universidad Austral, Eduardo Remolins, las AFJP "son corresponsables" con el gobierno de la situación que hoy enfrentan los argentinos.

"Esto es el resultado de una suma de errores de los últimos gobiernos y por otro lado, de la torpeza de las AFJP por no pesificar", opinó Remolins.

A su criterio, el gobierno sinceró la situación ya que "si prometía un superávit primario mayor al que fijó para pagar más deuda también le estaría metiendo la mano en el bolsillo a los argentinos, porque nos cobrarían más impuestos".


La hoja de ruta
Con la política del hecho consumado -Lavagna aseguró que la quita del 75% de la deuda en default es el "punto focal" y que "no es intención del gobierno modificarlo"- cabe preguntarse qué camino deberán tomar los inversores argentinos.

Los AFJP, que son los tenedores mayoritarios con 14.500 millones de dólares en títulos defaulteados, sentaron su posición. "No estamos de acuerdo bajo ningún punto de vista con la quita de capital, sí con un alargamiento en los plazos, una reducción razonable en la tasa de interés y el otorgamiento de un período de gracia", manifestó Horacio Canestri, director ejecutivo de la Unión de AFJP.

Esto es, ni más ni menos, retrabajar la propuesta que las administradoras le elevaron al gobierno hace un año y medio que consistía en alargar los plazos de pagos hasta 30 años con un período de gracia, para el pago de las obligaciones del Estado de hasta cinco años y una reducción de la tasa de interés de un siete por ciento fijo a una tasa variable de Libor más dos puntos.

Todo esto, manteniendo las garantías implícitas de los préstamos garantizados que eran la del impuesto a las transacciones financieras y la coparticipación federal.

Frente a eso, el gobierno prevé que la opción más conveniente para las administradoras es optar por el bono Par, una de las tres opciones de títulos por los que se canjeará la deuda. Los otros dos son el Discount, con quita de capital, intereses mayores que el Par y plazos menores; y el de capitalización, con descuento pero con un interés fijo más otro variable según el crecimiento de la economía.

En rigor, la opción del bono Par, que no prevé reducción en el capital de la deuda -o una muy pequeña- pero con menores intereses y plazos de pago más largos, se acerca mucho a la propuesta que elaboraron las AFJP hace un año y medio.

Por esta razón es probable que se inclinen por esta alternativa a la hora de intentar una renegociación, aunque también se reservan la posibilidad de judicializar el reclamo.

En el medio quedan aún por develar los detalles finos de la propuesta, sobre la cual el gobierno no dejó trascender detalle alguno, o si lo hizo, sólo fue para aportar un poco más de confusión a la situación.


Anotar las pérdidas
Las AFJP administran fondos por un total de 43.928 millones de pesos correspondientes a 9,3 millones de afiliados. De ese total, 28.948 millones de pesos (el 66,35%) son bonos en default. Con la quita propuesta por el gobierno, las administradoras calcularon que sus afiliados perderán un 30 por ciento de sus ahorros y los que están más cerca de jubilarse serían los más perjudicados.

"En principio quien tenía capitalizados 10 mil pesos acumulados con la quita tiene 7 mil", dijo Gustavo Ferro del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Argentina de la Empresa (Uade).

El analista explicó que la mejor parte se la lleva la gente de menor edad, porque aún tienen mayores plazos para capitalizar y en ese sentido resaltó como un dato alentador que la mayoría de los afiliados son jóvenes. "El sistema es muy nuevo y hasta ahora sólo se jubilaron por el régimen de capitalización 130 mil personas, muchos de los cuales son pensionados", aclaró Ferro.

Para Remolins, aunque a priori los jóvenes parecen los mejores posicionados, ellos también pierden, si prospera la idea de que la AFJP canjeen los bonos por títulos a largo plazo (30 años por ejemplo) "El que se jubila primero va a tener un valor de cuota parte menor, pero el que lo hace dentro de treinta años, si bien recuperó el capital y posiblemente llegue a cobrar el 100 por ciento del valor del título, en realidad perdió intereses por todos esos años", reflexionó Remolins.

¿Qué le queda a los tenedores de bonos individuales? Las administradoras forman un núcleo duro de negociación y aún así parece que el gobierno no torcerá el brazo. Frente a eso, la situación de los tenedores particulares es mucho más vulnerable.

Para los analistas consultados por La Capital hay varios caminos, aunque ninguno conduce al del litigio individual. "La vía del litigio es débil porque en esta negociación el gobierno tiene las mejores cartas", dijo Remolins, e hizo referencia al apoyo que tiene el Estado argentino por parte del FMI y el G7, el grupo de países industrializados.

Algunos aconsejan "mirar y esperar" hasta que la propuesta oficial sea más clara y aseguran que ya pasó el tiempo de colocar estos papeles a los denominados "fondos buitre" que compran los títulos muy por debajo del 25% del valor que pagará la Argentina. Estos fondos buitre cuentan con espalda financiera para afrontar litigios internacionales y ya están haciendo sus diferencias aún en medio de este escenario, ya que compraron bonos al 12% de su valor y en el peor de los casos lo cobrarán el 25%. Una diferencia para nada despreciable en el negocio financiero.