Nación y provincias se unen ante las privatizadas

Coordinan una estrategia de defensa por las demandas que realizaron empresas de servicios públicos

La Procuración del Tesoro de la Nación convocó a los fiscales de Estado provinciales a elaborar una "estrategia común de defensa" de intereses en las demandas elevadas por empresas privadas en los tribunales arbitrales internacionales contra las provincias y el Estado nacional.

A través de la resolución número 61, publicada ayer en el Boletín Oficial, la Procuración convocó a los fiscales de Estado con "capacidad de representación" de las provincias para que trabajen en forma coordinada en la defensa de los intereses nacionales y provinciales.


La documentación
La dependencia nacional, en los considerandos de la medida, subrayó que "son las provincias las que tienen la documentación pertinente para elaborar la defensa en los casos de las inversiones provinciales, pero como Argentina no presentó ante los tribunales internacionales ninguna subdivisión política, las demandas van en contra de la República Argentina".

El Estado nacional enfrenta actualmente en el Centro Internacional de Arreglo de Controversias relativas a Inversiones (Ciadi), un órgano de contralor que funciona bajo la órbita del Banco Mundial (BM), reclamos presentados por empresas privatizadas, que acusan al Gobierno de cambiar las reglas de juego a partir de la salida de la convertibilidad y la falta de ajustes tarifarios.

Las demandas presentadas ante el Ciadi fueron hechas, entre otros, por Telefónica, Telecom, Edenor, Metrogas y Aguas Argentinas, así como por firmas internacionales que invirtieron en las provincias y que se fueron del país luego de mantener conflictos con los gobiernos provinciales.

Entre estos últimos casos se pueden citar los casos de Aguas del Aconquija, en Tucumán, y Azurix en la provincia de Buenos Aires.

En esos casos donde los gobiernos provinciales rescindieron los contratos por incumplimiento de parte de las empresas, aunque en este último caso, el Ciadi rechazó la medida cautelar elevada por la firma a principios de setiembre pasado.