En sólo dos meses se acumularon 300 reclamos de automovilistas

La Defensoría del Pueblo pide que se suspenda el uso de radares en rutas

Los controles más cuestionados son los que se realizan en las localidades de Hughes y Venado Tuerto

La Defensoría del Pueblo de Santa Fe le recomendó a la Subsecretaría de Transporte de la provincia que revoque la autorización para realizar controles de velocidad con radares en algunas localidades santafesinas. Es más, el organismo hasta sugirió que se anulen las multas por exceso de velocidad labradas en comunas donde -según el titular de la Defensoría, Ricardo Ciccarelli- se persigue un fin "meramente recaudador". Hasta el momento, los aparatos instalados en Hughes y Venado Tuerto son los que concentran más reclamos.

Según precisó el director general de la zona norte de la Defensoría, Julio Mufarrege, "las localidades que tienen radares cometen cualquier tipo de violación a las normas vigentes". Así, centenares de automovilistas reciben multas labradas por supuestos excesos de velocidad que tendrían algunas irregularidades.

Los presuntos errores que se estarían cometiendo son básicamente dos. Ninguna de las ciudades cuestionadas respeta la norma que establece que la primera infracción -si no supera los 90 kilómetros por hora- no debe ser sancionada con multa porque sólo corresponde el apercibimiento del conductor. Además, las intimaciones de pago son enviadas a los infractores de distintos puntos del país transcurrido un largo tiempo. A raíz de esta segunda modalidad, los conductores no tienen la posibilidad de defenderse.

Todas estas irregularidades fueron detalladas en la resolución 530/03 que dictó la Defensoría del Pueblo y de la que ya recibieron copia el gobernador Carlos Reutemann y distintos funcionarios provinciales vinculados al Ministerio de la Producción y a la Subsecretaría de Municipios y Comunas.


Un rosario de quejas
La resolución de la Defensoría se tomó luego de recibir "centenares de quejas" que básicamente se centraron en el funcionamiento de los radares de Hughes y Venado Tuerto. No obstante, los reclamos también cayeron sobre los controles de velocidad que con la misma metodología se realizan en Pujato, Sanford, Ricardone y Carlos Pellegrini.

Según detalla el escrito que lleva la firma de Ciccarelli y el otro titular de la Defensoría, Carlos Feruglio, en esas localidades "se evidencian claras violaciones a las normas procesales que regulan el control de tránsito por radares y la garantía constitucional del derecho a defensa".

Desde la Defensoría precisaron que "las intimaciones de pago son remitidas a distintos puntos del país por medio de estudios jurídicos que representan a las comunas", pero subrayaron que esas intimaciones se envían "transcurrido un largo período desde la fecha en la que se cometió la supuesta infracción". Y a entender de Ciccarelli y Feruglio, este proceder "restringe la posibilidad de defensa de manera idónea". Es por esto que sugirieron la "revisión de todas las multas sancionadas violando tales preceptos" e instaron a "arbitrar la suspensión de cobro extrajudicial y/o judicial que estuvieran en curso".

El jefe de prensa de la Defensoría, Enrique Moulins, precisó que esa repartición recibió como mínimo, y en sólo dos meses, "unas 300 denuncias de automovilistas que dijeron sentirse estafados por los operativos que se realizan con radares en esas localidades".

Pero hay más. Según precisó el director de la zona norte de la Defensoría, también se estaría violando la resolución que establece topes máximos a cobrar por cada acta de infracción. "En algunos casos las multas exceden los 500 pesos", aseguró Mufarrege.

En la actualidad son quince las localidades santafesinas en donde se realizan los controles de velocidad por medio de radares, pero en al menos seis de ellas, la Defensoría del Pueblo detectó "serias irregularidades".

Según se detalló en la resolución de este organismo, el desconocimiento por parte de algunas comunas de las normativas vigentes que regulan el control de velocidad con radares "constituye un elemento revelador del sesgo puramente económico de la metodología implementada".

A la hora de precisar de qué punto del país eran los supuestos infractores, se detalló que el 60 por ciento de ellos son de Buenos Aires. "Se trata de automovilistas que toman estas rutas para ir de Buenos Aires a Mendoza o Córdoba y que son multados por los radares instalados en Hughes o Venado Tuerto", indicó Moulins.

Así, los polémicos controles por radar volvieron a transformarse en noticia y la Subsecretaría de Transporte deberá analizar ahora los próximos pasos a seguir.

Algunas comunas persiguen fines recaudatorios.