Presos que "trabajan" para el sistema

Altos miembros del Servicio Penitenciario Federal están detenidos por permitir que reclusos salieran a robar

Buenos Aires.- Un total de 18 miembros del Servicio Penitenciario Federal, al menos ocho con altos cargos dentro de la institución y la mayoría en actividad, fueron detenidos en el marco de una causa por permitir las salidas de presos del penal porteño de Caseros para delinquir en las calles.

Los 18 detenidos y otros cuatro que permanecen prófugos se suman a los 69 penitenciarios apartados de su cargo días atrás, en el marco de una "purga" anunciada el 5 de este mes por el ministro de Justicia, Gustavo Beliz.

Los arrestos fueron ordenados por el juez de instrucción porteño Alberto Baños, que desde hace cinco años investiga la existencia de una "mafia carcelaria" que permitía a reclusos del penal de Caseros salir de su encierro para delinquir, en algunos casos, en episodios en el que intervinieron también guardiacárceles.

Las detenciones se realizaron entre el lunes y ayer en las provincias de Mendoza, Neuquén, Misiones, Buenos Aires -en este caso en un barrio de la localidad de Ezeiza en el que viven en su mayoría miembros del SPF-, y en la Capital Federal.

Entre los apresados hay tres alcaides mayores, dos alcaides y 13 suboficiales, mientras que entre los prófugos hay efectivos penitenciarios de alto rango, dos de ellos dados de baja hace varios años.

Todos los penitenciarios con orden de detención habían trabajado hace cinco años en el ahora deshabitado penal de Caseros, el escenario en el que se organizaban las salidas de los presos para robar, según se estableció en la investigación judicial.

La causa que derivó en los procedimientos comenzó el 18 de julio de 1998 con el crimen del agente de la Policía Federal Rubén Juárez en la puerta del restaurante Dolli del barrio porteño de Recoleta.

En la pesquisa se determinó que el policía había sido asesinado en un intento de robo al restaurante, protagonizado por una banda mixta de penitenciarios y reclusos que debían estar en sus celdas del penal de Caseros, cumpliendo sus condenas.

A fines del año pasado, el Tribunal Oral Criminal 5 porteño, en un juicio oral por el crimen de Juárez, en el que fueron condenados varios presos y un guardiacárcel, dio por acreditada la existencia de salidas consentidas de reclusos de la unidad carcelaria para cometer asaltos en las calles, en connivencia con el SPF.

En la pesquisa que llevó adelante el juez Baños fueron fundamentales las declaraciones de tres presos que declararon en la causa haber pagado "peajes" a sus carceleros, para que los dejaran salir a robar a cambio de repartir el botín con ellos.

Uno de los presos "arrepentidos" que aportó información y que fue condenado por cometer un robo la misma noche del crimen de Juárez, cuando debía estar preso, es Alejandro Hebert Núñez.

Este recluso fue quien relató al juez con lujo de detalles cómo era el mecanismo de salidas de prisión, testimonio que le valió convertirse en un "preso protegido" que cumple su condena en una sede de la Gendarmería Nacional.

Otro recluso que dio datos y que le reveló al propio juez Baños la existencia de un plan para matarlo a raíz de la investigación que realizaba, es Alejandro Penczarsky.

La investigación de la "mafia penitenciaria" no sólo provocó una gran purga en el SPF en el año 2000, sino que además derivó en la extraña muerte de al menos tres reclusos. (Télam)