Acorralados. Una medida que sacudió el tablero político, judicial y militar

La extraña paradoja de un intendente electo acusado de genocidio

A pesar de sus turbios antecedentes, los tucumanos votaron a Bussi para que administre la ciudad capital

El intendente electo de Tucumán, Antonio Domingo Bussi, quedó detenido anoche en el Edificio Libertador del Ejército y hoy será trasladado ante el juez federal Rodolfo Canicoba Corral para ser notificado oficialmente del pedido de extradición español.

Con su apresamiento, Bussi no podrá asumir como jefe comunal de la capital tucumana, cargo para el que fue elegido por el voto popular el 29 de junio pasado, ya que la ley orgánica de municipalidades (5.529) impide que pueda ejercer el cargo mientras esté imputado por la comisión de un delito penal en la Justicia.

Según explicó la abogada de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Virginia Duffy, el artículo 44 de la ley orgánica de municipales "dispone la suspensión preventiva, de pleno derecho, al intendente a quien se le haya imputado un delito penal".


Confianza ciega
Sin embargo, en el partido de Bussi, Fuerza Republicana, sostienen que "asumirá sin inconvenientes el 29 de octubre -fecha prevista para la jura de las autoridades electas- porque hasta esa fecha hay 90 días para que se solucione con urgencia esta situación".

"Bussi ahora trabajará con más ahínco que nunca en el programa de gobierno que pondrá en marcha en octubre, tal como se lo prometió a los 80.171 tucumanos que le dieron esa responsabilidad en las elecciones de junio", expresó ayer el dirigente Pablo Calvetti.

"No se confundan, para que un intendente electo no asuma tiene que estar imputado por delitos graves y, además, debe haber semiplena prueba en su contra. En este caso se trata de un simple requerimiento de extradición, que debe tramitarse y al cual le plantearemos objeciones", dijo el dirigente.

No obstante, Bussi está imputado por la Justicia provincial en la causa por el supuesto cobro de 5 millones de pesos en gastos reservados (lo que está prohibido por la Constitución provincial) durante su gestión como gobernador (1995-1999), que ya fue elevada a juicio oral y sólo resta fijar la fecha de audiencia.

"La causa por presunto peculado también se irá resolviendo paulatinamente y no habrá obstáculos para que Bussi asuma como intendente. Ahora estamos más convencidos que nunca de que en 2007 debe ser candidato a diputado nacional para que los tucumanos vuelvan a ratificar su confianza en él", afirmó Calvetti.

En el caso de que Bussi se vea impedido de asumir como intendente, el presidente del Concejo Deliberante de la capital tucumana (el que resulte designado por los ediles electos el 29 de junio) asumirá ese cargo, tal como lo prevé el artículo 38 bis de la ley orgánica de municipalidades.

Esa norma dispone que los ediles deben reunirse en una sesión preparatoria, que será presidida por el concejal de mayor edad (será Hugo Danessi, del opositor Frente Unión por Tucumán, de 54 años), para elegir a la máxima autoridad del cuerpo.

Entre tantas malas noticias para el bussismo, ayer hubo una que tal vez les haga abrigar cierta esperanza: La fiscalía española, que siempre se opuso a juzgar en España a represores de las dictaduras argentina y chilena, anunció que se opondrá a la extradición de los 45 militares y un civil argentinos, al dar prioridad el principio de territorialidad.

Bussi quedó detenido en la sede del Ejército.