Una defensa de los derechos sexuales

Para María José Lubertino, que lidera el Ispm, "los derechos humanos consagrados en la Constitución Nacional" especialmente tras la reforma de 1994 (artículo 75, inciso 22), "permiten defender los derechos sexuales y reproductivos, y en particular el derecho a la anticoncepción de emergencia, en una interpretación armónica de los derechos a la vida y la libertad".

Sin embargo, un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Portal de Belén contra Ministerio de Salud de la Nación/Anmat) resolvió retirar de la venta un producto de anticoncepción de emergencia por considerarlo abortivo, "pero aquella sentencia devino abstracta por encontrarse dicha marca fuera de mercado", sostuvo Lubertino.

De todas maneras, ciertos sectores que se oponen a la nueva Ley Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable y al Programa Nacional formulado en consecuencia, han planteado su inconstitucionalidad y han vuelto a embestir, entre otros temas, contra la anticoncepción de emergencia, sin haber logrado su cometido.

Más alla de los vaivenes tribunalicios, a la ley nacional han adherido especialmente hasta ahora 16 provincias, lo que patentiza el avance innegable de la decisión política federal de sostener la información y la educación sexual, y de procurar la accesibilidad o gratuidad de todos los métodos anticonceptivos. (Télam)