Hubo silencio de radio entre las concesionarias

Las empresas de servicios públicos privatizadas recibieron con cautela la información sobre la creación de una Unidad para renegociar sus contratos que integrarán los Ministerios de Economía y Planificación y las nuevas directivas del gobierno para cumplir con ese objetivo.

Las distintas empresas consultadas ayer prefirieron mantener silencio sobre esta nueva situación y se limitaron a señalar que estaban "analizando el decreto" para luego poder opinar, aunque la mayoría considera que "se trata de otra postergación" a sus reclamos de aumento de tarifas.

Los ministros de Economía y de Planificación, Roberto Lavagna y Julio De Vido, informaron anteayer sobre el decreto firmado por el presidente Néstor Kirchner para renegociar los 61 contratos con plazo hasta 31 de diciembre de 2004, y su posterior aprobación o rechazo del Congreso a libro cerrado.

La ley de emergencia económica 15.561 de enero de 2002 dejó sin efecto en los contratos de las empresas de servicios públicos la aplicación de cláusulas de ajuste en dólares u otra moneda extranjera, y las indexaciones calculadas en base a índices de precios de otros países, y pesificó las tarifas. Las empresas iniciaron en marzo de 2002 un pedido de recomposición de tarifas (con reclamos que van del 30 al 200%), y comenzaron una renegociación de contratos con la comisión creada al efecto por Economía, y que pese a haber recibido a las empresas y sus presentaciones no logró avanzar.

El decreto 311/03 conocido ayer, crea la Unidad de Renegociación y Análisis de los Contratos de Servicios Públicos, bajo jurisdicción de los ministerios de Economía y Planificación. Esta unidad será continuadora de la comisión de renegociación de contratos servicios públicos y proseguirá los trámites que ésta tuviera en curso.

Entre sus atribuciones están las de llevar adelante la renegociación de los contratos, suscribir acuerdos con las empresas ad referendum del Poder Ejecutivo; elevar los proyectos de posibles adecuaciones transitorios de precios, tarifas y/o segmentación de las mismas.

La unidad tendrá a su cargo la elaboración de "un proyecto de marco regulatorio general para los servicios públicos de la jurisdicción nacional, y la facultad de hacer recomendaciones sobre los contratos de obras y funcionamiento de los servicios.

Economía y Planificación a través de resoluciones conjuntas designarán a un Secretario Ejecutivo que estará a cargo de la Unidad, dictará las normas para su funcionamiento y dispondrá los régimenes de audiencia pública.