El ministro de Vido advirtió que podrían pasar 18 meses sin aumentos

El gobierno amenaza con seguir postergando las subas de tarifas

Se tensa la cuerda con las privatizadas, que advierten que habrá cortes. Castigarán incumplimientos de contratos

El gobierno nacional y las empresas de servicios públicos privatizadas protagonizaron ayer otro round por la renegociación de las tarifas, una disputa que se tiende dentro del marco de las discusiones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para alcanzar un nuevo acuerdo financiero a partir de septiembre próximo.

El ministro de Planificación, Julio de Vido, advirtió que el gobierno no tiene pensado otorgar dispensas (perdón) a las empresas de servicios públicos que no hayan cumplido con los contratos y que está abierta la posibilidad de tomarse los 18 meses dispuestos anteayer en el decreto firmado por el presidente Néstor Kirchner para revisar y renegociar los contratos y hasta entonces no se definiría la actualización de las tarifas.

"El tema hoy no son las tarifas, sino ver el nivel de cumplimiento de los contratos. Todo es parte de lo mismo, pero son temas distintos", señaló el funcionario tras participar en la reunión del comité ejecutivo de la Unión Industrial Argentina (UIA) que se celebró en Puerto Madryn, en la patagónica provincia de Chubut.

"Nadie puede argüir problemas para la provisión de servicios porque los contratos obligan a las empresas a proveerlos", apuntó De Vido, después de que varias de las empresas privatizadas, en particular las eléctricas, amenazaran con cortes y disminución en la calidad en la prestación de los servicios en los próximos meses si no se revisan al alza los precios de las tarifas.

El ministro aclaró especialmente que las tarifas no necesariamente "se incrementarán durante los 18 meses que podrá durar la renegociación de los contratos".

De todas formas, el jefe del área de Planificación, quien junto al ministro de Economía Roberto Lavagna presidirá la comisión que revisará los contratos, señaló que el gobierno intentará acortar los tiempos de la renegociación de los convenios con las concesionarias de los servicios públicos, pese a que el nuevo decreto presidencial fijó como plazo máximo diciembre de 2004.

Entre los contratos sujetos a revisión se encuentran los de las concesiones del correo y de los aeropuertos, además de los de la provisión de agua potable, transporte y distribución de energía eléctrica y de gas, telecomunicaciones, transporte público de pasajeros automotor, ferroviario y subterráneo, entre otros. Una vez analizada cada situación, la comisión enviará los contratos renegociados al Congreso, donde deberán ser aprobados.

El funcionario aclaró, no obstante, que "el incumplimiento en materia de inversiones no será causal de rescisión" de los acuerdos contraídos con el Estado por parte de las empresas. Además, De Vido advirtió que en algunos casos "la gente se queja y reclama más" que en otros, e indicó que ciertos contratos demandarán más tiempo por su complejidad.

"Es claro por ejemplo que Argentina era uno de los primeros países de Sudamérica en materia de saneamiento, y hoy si no es el último es el antepenúltimo", ejemplificó De Vido, aunque aseguró no tener en la mira a ningún contrato en particular, y desestimó las versiones de inmediata rescisión de las concesiones del Correo Argentino y Aeropuertos Argentina 2000.

"Todo contrato tiene previsto su mecanismo de resolución y sanciones. La comisión puede aconsejar tomar tal o cual medida, pero el contrato prevé todas las situaciones", afirmó, interrogado acerca de si todo incumplimiento derivará en rescisión y posterior relicitación. "Hace falta un marco regulatorio general", dijo De Vido, aunque desmintió que el Ejecutivo busque crear un superente para controlar el accionar de los entes reguladores.

Según adelantó, cada uno de los secretarios de las áreas comprometidas recibirá el trabajo de la comisión renegociadora que funcionó el año pasado en el Ministerio de Economía, y se pondrá en contacto con sus autores para evaluar el progreso efectuado hasta ahora.

El ministro reiteró que el Congreso deberá aprobar cada una de las 61 renegociaciones a sobre cerrado, votando por sí o por no, "como en el fast track de Estados Unidos", que el Capitolio concedió al presidente George W. Bush para cerrar acuerdos comerciales.

Ante la eventualidad de que se relicite algún servicio, el gobierno dispondrá ventajas para los inversores argentinos que quieran hacerse cargo, aunque esas ventajas serán "transparentes", adelantó.

"Hacen falta reglas claras y transparentes para las concesionarias y los usuarios", dijo De Vido en su discurso ante el plenario de industriales, la mayoría de ellos consumidores de energía para sus plantas fabriles.

Entre los ejecutivos presentes en la última jornada de la reunión de la UIA se avalaba en general la medida dispuesta anteayer por el gobierno, aunque algunas voces -todas pidieron anonimato- hablaban del riesgo que representan para la "seguridad jurídica" de las inversiones.


Nueva línea de alta tensión
Por otro lado, el funcionario anunció que en la primera quincena de agosto se va a licitar la obra de tendido de la línea de alta tensión patagónica. Se licitarán los conductores del tramo Puerto Madryn-Choele Choel, en la segunda quincena de agosto se avanzará con la licitación de las torres y en los primeros días de setiembre, las operaciones de montaje, señaló De Vido.

El ministro dijo que la línea de alta tensión es parte de un proyecto que apunta a interconectar a la Patagonia con el sistema eléctrico nacional. "Durante el último trimestre de este año se licitará el tramo Puerto Madryn-Pico Truncado", agregó De Vido y explicó que primero se construirá una línea de 500 kw con una extensión de 355 km con un plazo de dos años y una inversión de 240 millones de pesos.

De Vido y Alvarez Gaiani en una reunión de UIA.