Margarita Belén: militares nombraron defensor

Nueve de los diez militares detenidos por la masacre de Margarita Belén designaron ayer al defensor oficial del Juzgado Federal del Chaco, Carlos Pujol, como su representante en la instrucción que el juez federal de Resistencia Carlos Skidelsky lleva adelante para esclarecer el fusilamiento de 22 presos políticos a fines de 1976.

En una audiencia que transcurrió en mitades, dado que el grupo de detenidos llegó al juzgado separado en dos tandas a partir de las nueve, los imputados se mostraron despreocupados y dieron una fuerte señal en ese sentido al no designar abogados particulares de renombre.

Fuentes judiciales indicaron que la opción de los imputados a la hora de escoger defensor habría sido fruto de una decisión conjunta de afrontar el proceso con una posición de "guardia baja", a fin de demostrar que no los inquieta demasiado la investigación iniciada por el juez Skidelsky.

Se presume en ámbitos judiciales que los militares acordaron una estrategia conjunta durante los cuatro o cinco días que, antes de la entrevista con el magistrado, compartieron en la Base de Apoyo Logístico que el Ejército posee en el barrio La Ligura, de Resistencia, donde cumplen arresto.

A partir de ahora el juez Skidelsky dejará transcurrir tres o cuatro días para que el defensor se ponga al tanto de la situación procesal de cada uno de los detenidos, por lo que se estima que las indagatorias comenzarán recién el viernes o el lunes de la semana próxima.

Skidelsky admitió además que, de ser necesario, evaluará la posibilidad de trasladarse a Buenos Aires o bien de dictar un exhorto para que un juez de Capital Federal indague al único imputado que no fue trasladado a Resistencia, el coronel Alcides Larrateguy.

Larrateguy, de 73 años y ex funcionario de la intervención militar que gobernó el Chaco entre 1976 y 1983, está internado en el Hospital Militar y su comparecencia en el despacho de Skidelsky resulta imposible dado su delicado estado de salud.

Los oficiales detenidos están imputados de homicidio agravado por el número de personas y alevosía, delito presuntamente consumado durante la masacre que tuvo lugar a la vera de la ruta nacional número 11, el 13 de diciembre de 1976, en un intento de fuga simulado por los propios verdugos.

El juez investiga si, tal como indican documentos de la época y numerosos testigos, estos militares fueron los ejecutores de un procedimiento organizado por la dictadura como un simple traslado de reclusos cuya verdadera finalidad era eliminar a 22 militantes de la Juventud Peronista y de sectores de izquierda.