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 miércoles, 02 de julio de 2003

Macedonia, el último país que evitó ser sancionado

Washington. - Macedonia se convirtió a última hora en el más reciente integrante de la lista de 44 países que refrendaron un acuerdo bilateral que exceptúa a los ciudadanos civiles y personal militar de Estados Unidos de ser juzgados por la Corte Penal Internacional (CPI). Con la firma de este documento bilateral, Macedonia evitó a último momento -el plazo estipulado por Washington vencía ayer- que se la sancionara con el congelamiento de la asistencia militar por lo que resta del año, como sucedió por ejemplo con Colombia, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania y Bulgaria.

Por su parte, Honduras, Afganistán, Djibuti -pequeño Estado ubicado en el Cuerno de Africa-, Congo, Timor Oriental, Ghana y Rumania fueron exceptuados de la suspensión por cuatro meses, ya que firmaron el acuerdo antes del 1º de mayo pero todavía no lo ratificaron. Bolivia, Panamá, Albania, Bosnia-Herzegovina, Botswana, Mauricio, Nigeria y Uganda recibieron la misma excepción pero por seis meses, tras haber firmado el tratado después del 1º de mayo y tener pendiente su ratificación. Dentro de este grupo figura Macedonia.

Otros países que refrendaron el convenio "a último minuto" -durante junio- son Nicaragua, Tailandia y Togo. Camboya también lo hizo el 27 de junio pasado, a pesar de que no recibe actualmente asistencia militar de Estados Unidos. Dentro de América latina, también suscribieron el acuerdo de inmunidad República Dominicana y El Salvador, como otras naciones estratégicamente importantes como Israel y la India.

Bush autorizó a mantener la ayuda militar a Honduras por otros cuatro meses, hasta el 1 de noviembre, porque firmó el acuerdo antes del 1º de mayo pero aún no la ha ratificado. Panamá y Bolivia recibieron una exención de seis meses porque firmaron el tratado bilateral después del 1 de mayo y aún no lo ratificaron.

Estados Unidos se opone firmemente a la CPI, encargada de juzgar los crímenes de guerra o contra la humanidad, ya que dice que existe el riesgo de que una justicia politizada pueda ser usada en contra de sus soldados que sirven en el exterior. (DPA)

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