OPINION

El abismo que separa a la legitimidad de la prepotencia

Sebastián Riestra / La Capital

Y pasó lo que alguna vez tenía que pasar. Más allá de que aún no resulta posible confirmar si la causa del voraz incendio que destruyó gran parte del edificio de la Facultad de Derecho fue una bomba de estruendo arrojada irresponsablemente por los manifestantes, la reiteración de modalidades de protesta desvinculadas de cualquier atisbo de cultura cívica merece ser repudiada por el conjunto de los rosarinos. Porque fue la ciudad la que pagó el precio.

Hace mucho que el país viene castigando a su gente. Sin dudas el funesto 24 de marzo del 76, o si se quiere el Rodrigazo, suenan como el disparo de largada de una carrera hacia la miseria. Y tantas injusticias han provocado la reacción lógica. En muchos casos, la bronca acumulada no respeta cauces y se descarga sin límite ni medida. Es que la principal violencia viene de otro lado.

Sin embargo, una cosa son el estallido espontáneo o la explosión popular, y otra el caos organizado. Ayer la ciudad fue sacudida por la detonación de cientos de poderosas bombas y su ritmo de vida sufrió una alteración profunda e injustificada. Resulta imposible discutir la legitimidad del reclamo que impulsó a los estatales: las demandas de recomposición salarial en esta Argentina estragada por la crisis son tan naturales como los reclamos por mayor seguridad, Justicia más eficiente y trabajo para todos. Pero la prepotencia y la actitud patoteril, encarnadas en las múltiples y violentas detonaciones, le quitan valor a todo. En vez de generar solidaridad, despiertan temor e indignación. Triste paradoja.

Ayer, si se da curso a los testimonios, Rosario pagó un alto precio por la irresponsabilidad de unos pocos. Un edificio que simboliza lo mejor de su historia, tan único como irrepetible, resultó seriamente dañado. En un comunicado, los sindicatos que participaron de la movilización a la plaza San Martín afirman desconocer la causa del siniestro y temen que éste "se utilice interesadamente" para imputarles "responsabilidad en el estrago, descalificando así el sentido" de su demanda. No caben dudas de que tal posibilidad existe, como también los sectores interesados en desprestigiarlos. Sin embargo, la faz autocrítica está por completo ausente en el texto. Y curiosamente, el principal elemento deslegitimador del por cierto legítimo reclamo es el lamentable comportamiento de un sector minoritario de los manifestantes.

Después de una etapa aciaga, la Argentina parece estar reencontrando el rumbo perdido. Las víctimas que dejó un proceso de concentración económica descontrolada y destrucción sistemática de los derechos colectivos son numerosas, y la cicatrización de las heridas requerirá de un lapso prolongado. Si algo ha quedado claro en los últimos tiempos es que la mayor parte de la sociedad ya no tolera la implementación de proyectos vinculados con ese pasado y está dispuesta a reaccionar para enfrentarlos.

Pero esa actitud resuelta, expresada democráticamente en las últimas elecciones, no debe ser confundida ni desnaturalizada. Los cacerolazos que pusieron fin a dos gobiernos son un ejemplo del poder de la sociedad civil cuando se decide a ganar la calle. Ayer, una movilización realizada en pos de objetivos cuya justicia no puede cuestionarse desembocó en actos cargados de innecesaria e irracional agresividad. Si se confirman las hipótesis, es el conjunto de la ciudadanía el que ha sufrido las consecuencias. Porque la Facultad de Derecho y el Museo de Ciencias Naturales, no conviene olvidarlo, son de la gente.