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 domingo, 29 de junio de 2003

Jubilaciones. La crisis puso en debate la necesidad de hacer reformas
La telaraña del sistema previsional
El derrumbe económico y algunos desmanejos complicaron y desprestigiaron a las AFJP. Las opciones

Patricia Martino / La Capital

A partir de 1994 se conformó el sistema de capitalización y desde entonces el sistema previsional del país comenzó a vivir otra historia. Aunque la seguridad social fue tradicionalmente administrada por el Estado, el nuevo sistema se instaló para quedarse y desde entonces las empresas privadas se encargaron de atesorar el dinero de los futuros jubilados.

Con la creación de las AFJP las arcas del Estado perdieron una gran cantidad de fondos que hasta el momento no ha logrado recuperar. A grandes rasgos, la modificación de 1994 ideada por Domingo Cavallo no sirvió ni para ampliar la cobertura jubilatoria ni para mejorar la situación de los jubilados ni para reducir la evasión previsional. Tampoco las AFJP alcanzaron a jugar el rol dinamizador de la economía que se pronosticaba. Muy por el contrario, los aportes quedaron atrapados en títulos de un Estado deficitario que defaulteó y pesificó los ahorros de los trabajadores.

Según el Ministerio de Economía, el 65% del incremento de la deuda pública entre 1994 y 2001 se debió al déficit del sistema previsional. En medio del mix de altos niveles de evasión y comisiones por las nubes surgen presiones en torno a la reformulación del sistema. Uno de los más interesados es el propio gobierno, necesitado de urgentes recursos para afianzar la estabilidad fiscal cuando está comenzando a discutirse con el FMI y los acreedores una renegociación de la deuda.

La primera ficha la puso la ex ministra de Trabajo, Graciela Camaño, quien antes de dejar su cargo planteó una ambiciosa reforma basada en la eliminación de la opción entre sistema de reparto y capitalización, ya que el esquema será mixto con prestaciones básicas y complementarias. La propuesta sugiere cuatro tipos de cobertura, tres de ellas financiadas con aportes obligatorios y una de carácter voluntario.

Las ideas básicas de la propuesta de la cartera laboral están contenidas en el llamado Libro Blanco de la Previsión Social, resultado de seis meses de trabajo de consultas multisectoriales y el análisis de 14 expertos de Trabajo, explicó el ministerio.

Con la llegada del nuevo gobierno las probabilidades de que estos lineamientos lleguen a plasmarse en un proyecto concreto para que sea debatido en el Congreso no son muy certeras. Desde el actual Ministerio de Trabajo el silencio sobrevuela los pasillos y nadie se quiere arriesgar a decir si habrá o no una reforma previsional y si ésta se realizará con la propuesta que dejó el gobierno de Duhalde. No obstante, voceros de la cartera laboral deslizan que el Libro Blanco contiene puntos sobre los cuales coincide la nueva gestión de gobierno, más allá de las diferencias entre Kirchner y Camaño.


La trama del sistema
En un intento por desentrañar el complejo mundo del sistema previsional argentino y comprender en profundidad la situación actual del sector La Capital consultó a Gustavo Ferro, profesor e investigador del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Argentina de la Empresa (Uade).

El investigador sostiene que pesar de los defectos el sistema sigue siendo ventajoso respecto al del pasado. "A mi juicio el sistema ha tenido dos problemas, uno anterior y otro posterior al canje de deuda/pesificación", explicó Ferro.

El primer problema fue la habilitación de una forma de competencia entre las AFJP que resultó muy cara, con excesivos gastos comerciales, de estructura de promotores y sucursales. Además la competencia debería basarse más en la calidad del servicio prestado, en las comisiones y menos en los servicios que significan atención al cliente, pero que no hacen diferencia a la hora de jubilarse en términos de la renta que percibirá el afiliado.

En cuanto al segundo problema el especialista opina que los fondos estaban muy expuestos en deuda pública, que al ser primero canjeada y luego pesificada, implicó una pérdida patrimonial para los fondos. "En el marco de reestructuración de la deuda, previo a salir del default es posible que tengan una quita pero allí el problema es otro, es la falta de solvencia del Estado y cómo se la resuelve. No es un problema del sistema en sí", agregó.

Respecto a una reforma del sistema, Ferro sostiene que la propuesta planteada por el Ministerio de Trabajo no son las únicas. "Muchas reformas menos fundacionales serían posibles con decisión política de aplicar una forma distinta de regulación, y aprovechar lo que hay en marcha", señaló. "En torno a permitir la vuelta al reparto creo que es un error y que el sistema debió eliminarse de cuajo al estilo chileno con un bono de reconocimiento. Volver al reparto significaría generar nuevamente ingresos visibles hoy para el Estado, escondiendo que con cada peso de ingreso hoy se generan obligaciones de beneficios futuros ocultos", agregó. Para el economista, el sistema actual ha tenido la gran ventaja de transparentar deuda pública que existía, estaba implícita pero oculta.

Un capítulo aparte merece el tema de la reforma que sufrió el sistema previsional en 1994 y si los cambios propuestos actualmente son para tapar el desfinanciamiento que sufrió al abrirse la capitalización individual. "El desfinanciamiento era precedente y estaba empeorando. Al cambiar de sistema voluntariamente la mayoría de las personas, se restaron ingresos al sistema de reparto, además de las políticas de reducción de aportes patronales que agravaron el tema", precisó.

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