Distintos abogados constitucionalistas coincidieron anoche en señalar como "positiva" la decisión del presidente Néstor Kirchner de no convocar a una consulta popular para la remoción de la Corte Suprema y respetar los mecanismos constitucionales para conseguir ese fin (ver página 3). Al respecto, Daniel Sabsay razonó que "esta muy bien que el presidente como un primer paso utilice la invocación al Congreso".
Además opinó que "el mal desempeño de (Julio) Nazareno prácticamente desnuda el mecanismo y la cultura judicial basada en la negociación con el poder político, e inclusive dentro de ese esquema apela a la extorsión en el sentido de amenazar con el contenido de un fallo como modo de presión para obtener del poder político lo que la Corte desea".
"Un presidente de la Corte que actúa así, y un vicepresidente de la Corte que, ante el momento que vive el país y la cantidad de asuntos que están a la espera de una resolución judicial, decide irse a Roland Garros para ver la competencia es porque evidentemente ha privilegiado su condición de presidente de la Asociación de Tenis que el de vice de la Corte. Para mí ese elemento es suficiente para demostrar incumplimiento de la función", agregó el especialista.
En cambio, sostuvo que si "en el transcurso del tiempo, el Congreso no avanza y la Corte no saca un solo fallo, y no trabaja, sí se podría llamar a una consulta popular no vinculante para demostrar que el soberano que es el pueblo, frente a una encerrona institucional, quiere un recambio y ejerce una suerte de presión".
El gran desvío
Por su parte, el ex ministro de Justicia Ricardo Gil Lavedra opinó que "es una gran fortuna y celebró que el presidente no haya llamado a una consulta popular, claramente inconstitucional. Hubiera significado un desvío muy fuerte de sus atribuciones constitucionales".
"El Congreso tiene esta facultad y se supone que la va a ejercer", agregó el constitucionalista, al tiempo que señaló que "no veo el porqué de la exhortación pública, porque eso demuestra que se ha instalado una confrontación entre los dos poderes".
Al respecto, opinó que esa situación "es una cosa muy mala para la república, en un momento que tenemos que tratar de reconstruir las instituciones, y el único camino cierto es aferrarnos a la Constitución, a la ley".
Por su parte, el abogado Gregorio Badeni señaló a La Capital que "es coherente con la Constitución la posición de Kirchner, en relación a que los jueces sólo pueden ser removidos como consecuencia de un juicio político", aunque aclaró que no le pareció "razonable que el presidente llame al Congreso a promover ese juicio. Tampoco a que trate de descalificar a uno de los integrantes en forma implícita".
"El Poder Judicial está en un plano de igualdad con el Parlamento y el Poder Ejecutivo. Entonces corresponde que exista respeto recíproco para la normal convivencia institucional", concluyó el jurista.
La Ciudad
