La Iglesia Católica de Córdoba se sumó ayer a las fuertes voces de condena contra el fallo de la jueza de esa provincia Cristina Garzón de Lazcano, que la semana pasada prohibió la producción y venta de anticonceptivos hormonales y dispositivos intrauterinos en todo el país, al considerarlos abortivos. En esa línea, un vocero del arzobispado, el sacerdote José Alesio, calificó al fallo de "fundamentalista" e "inconsulto".
La resolución de la magistrada también provocó un pedido de juicio político por "prevaricato" en el Consejo de la Magistratura, que formuló una decena de legisladores nacionales y organizaciones. De todos modos, el fallo de Garzón de Lazcano sigue sin entrar en vigencia porque la fundación 25 de Mayo, responsable del recurso de amparo que solicitó la prohibición a la jueza, no logró aún juntar más firmas de abogados que avalen su pedido.
El arzobispado cordobés, en tanto, se encargó de dejar en claro a través de Alesio que la fundación 25 de Mayo "no representa para nada a la Iglesia Católica", institución que -admitió- se siente "molesta" y a la que el fallo "deja muy mal parada". En rigor, la fundación no es reconocida por la Iglesia porque sigue las prédicas del obispo francés Marcel Lefebvre, excomulgado junto a sus seguidores clérigos en 1988 por Juan Pablo II.
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La Ciudad
