"No voy a ser presa de las corporaciones" comenzó a repetir Néstor Kirchner desde el mismo instante en que conocía que hoy se pondría la banda presidencial. Adelantó que tampoco anunciará "paquetazos o medidas rutilantes".
Hasta el momento sólo deslizó algunas de las pinceladas que pretende imprimirle a su gestión de gobierno a partir de mañana en materia económica: reforma del sistema previsional hacia un sistema mixto, modificación de algunos gravámenes para alentar el consumo y desincentivar la renta financiera cortoplacista, la puesta en marcha de un ambicioso plan de obras públicas, entre otras intenciones.
Eso sí, todo enmarcado dentro de dos ejes centrales: un dólar a tres pesos y superávit primario de las cuentas públicas.
El flamante presidente tiene a favor que la mayoría de los analistas y economistas consideran que 2003 cerrará con un crecimiento de la economía argentina después de cuatro años de recesión.
Pero lo cierto es que los límites de la cancha en que deberá jugar son acotados como para desplegar un sinnúmero de variantes "creativas", que ya comenzaron la semana pasada con el anuncio del vocero del Fondo Monetario Internacional (FMI), Thomas Dawson, al señalar que el organismo no aprobará el retocado mini-acuerdo hasta tanto no se dé marcha atrás con la nueva postergación de los remates judiciales.
El viernes próximo se sumará el vencimiento del acuerdo con las petroleras que garantiza que no se produzcan aumentos en los precios de los combustibles.
Las compañías presionan para que se ratifique el decreto que autorizó a mantener el 70 por ciento de sus divisas de exportación en el exterior, así como la libertad para retocar los precios de las naftas en base a los movimientos que se produzcan en el mercado.
En tanto, los transportistas también pujan para que se extienda la prórroga del acuerdo que fijó un precio diferencial del gasoil hasta el 31 de julio, y amenazan con una suba del boleto en el transporte público de pasajeros si no se produce la extensión del convenio.
Sin embargo, los frentes más temidos por el gobierno entrante están en el sistema financiero y en las empresas privatizadas de servicios públicos, a quienes ven como potenciales desestabilizadores en caso de que no se acceda a sus pedidos.
Los bancos vienen exigiendo que se complete la compensación por la pesificación e indexación asimétrica y amparos.
De los 15 mil millones de dólares que se comprometió el Estado nacional a emitir en bonos, hasta ahora sólo se emitió algo más del 50 por ciento y el resto fue enviado al Congreso para que se apruebe mediante una ley.
En sintonía con el FMI, las entidades bancarias insisten también con el fin de las prórrogas a las ejecuciones hipotecarias.
Las entidades agrupadas en Abappra (bancos públicos y privados), la que podría considerarse más afín al gobierno de Kirchner, están con la guardia en alto debido a las exigencias del Fondo Monetario de una reestructuración profunda del sector. En los pasillos de la entidad circulan los informes sobre las pretensiones del organismo.
Por su parte, las empresas privatizadas vienen reclamando ajustes tarifarios desde hace más de un año, que la gestión de Eduardo Duhalde otorgó vía distintos mecanismos pero todos frenados en la Justicia.
El presidente de Telecom Argentina, Amadeo Vázquez, señaló la semana pasada que esperarán el discurso de asunción de hoy de Kirchner antes de ver cuál será la postura que tomará el sector.
Aunque el ministro de Economía, Roberto Lavagna, aseguró días atrás que no se otorgará ningún seguro de cambio a las empresas, las compañías privatizadas y grandes conglomerados nacionales agrupados en la Asociación Empresaria Argentina (AEA) no pierden la esperanza de arrancarle al gobierno un mecanismo de estas características, aunque reconocen por lo bajo que difícilmente prospere una medida en ese sentido.
El peso de la deuda
El problema de la deuda también es una cuestión de Estado. El gobierno de Duhalde pudo llegar hasta aquí gracias a que mantuvo en default casi un tercio de la deuda (61 mil millones de dólares) y prorrogó vencimientos con los organismos financieros internacionales. Pero el pacto con el Fondo Monetario es hasta agosto, fecha a partir de la cual deberá enfrentar pagos por 6 mil millones de dólares si no se produce una nueva postergación.
De allí que Lavagna comenzó a colocar en la agenda de prioridades la necesidad de reformular el sistema previsional hacia un sistema mixto, donde el Estado intervenga en la captación de fondos.
Como señalan numerosos especialistas, Argentina a pesar de que su economía crezca a un ritmo del 4 por ciento anual o más, eso no será suficiente para afrontar el peso de su deuda aun con quitas que ronden el 70 por ciento, baja de tasas y postergación de vencimientos.
A esto se debe agregar que varios analistas estiman que deberán transcurrir al menos dos años antes de que el país pueda acceder a fondos genuinos destinados a la inversión de capital, que permitan un salto tecnológico para potenciar el nivel de exportaciones y así mejorar el nivel de ingresos.
De todas formas, los economistas y empresarios consultados por La Capital, consideraron que el paquete tecnológico instalado en el país y la capacidad ociosa existente actualmente en las fábricas hacen que el techo productivo todavía esté lejos. Máxime si se tiene en cuenta que hasta ahora la reactivación de algunos sectores de la economía vino de la mano de la sustitución de importaciones y no del crecimiento de una demanda interna que aún permanece deprimida.
Funcionarios de organismos internacionales, como el representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Guillermo Calvo, reconocieron que posiblemente, por estos y otros factores como la "debilidad" con la que nace el gobierno de Kirchner, la Argentina sólo acceda a un nuevo acuerdo con el FMI por otros seis meses, y recién entonces, se pueda hablar de otro a largo plazo.
Pero el acceso a los fondos de las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones no será tampoco una tarea sencilla.
Las compañías presionan para evitar un proyecto de esas características, para que se redolaricen los préstamos garantizados, pesificados a 1,40 peso que tienen en sus carteras. Por lo pronto, las administradoras de fondos de jubilaciones aumentaron las comisiones que cobran.
También la tarea de quita, baja de tasas y postergación de vencimientos no será sencilla para el equipo económico. Una muestra de ello es que la consultora francesa Lazard Freres, contratada por el gobierno nacional para detectar todos los titulares damnificados por los bonos defaulteados, estará lista recién para fin de año.
Varios acreedores extranjeros (alemanes, estadounidenses, japoneses, entre otros) pequeños y no tanto recurrieron a la Justicia de sus respectivos países para recuperar sus fondos, algunos ya tienen sentencia favorable.
La lista de acreedores del Estado nacional no termina ahí. Las automotrices reclaman el pago de 350 millones de pesos que se les adeuda por el plan canje II.
Otro de los frentes con los que deberá batallar Lavagna será con el sector agroexportador. Las cerealeras reclaman la devolución de los créditos fiscales de IVA adeudados por el Estado nacional, y además pelean junto a los productores la eliminación de las retenciones. También, junto a las grandes compañías, la agroindustria insistirá con la instauración del ajuste por inflación.
Desempleo y salarios
Con todo, el flamante gobierno tendrá ante sí un desafío difícil de revertir: un desempleo superior al 20% y más del 60% de los argentinos debajo de la línea de pobreza.
La ecuación es compleja: a Argentina con un crecimiento del 4% anual sólo le alcanza para no acrecentar aún más los actuales índices de desempleo, debido al crecimiento vegetativo de la población.
Kirchner dijo que seguirán vigentes los planes de jefes y jefas de hogar, pero nada sobre cómo modificará el actual esquema asistencialista por uno productivista, al cual dice aspirar.
El equipo económico apunta a reactivar el consumo en los niveles de menores recursos vía rebaja del IVA. Para la creación de empleo apunta al reciclaje del plan de infraestructura de 6.000 millones de pesos elaborado tiempo atrás por Carlos Melconián para la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), entre otras medidas. Muchas de estas obras estaban previstas pero nunca fueron realizadas o concluidas.
De todas formas, Lavagna adelantó que los cambios impositivos estarán supeditados al crecimiento de la recaudación. Las dudas que se planean también sobre una disminución del IVA están en cómo negocia con las provincias la pérdida que significará en materia de coparticipación, pero sobre todo cómo se logrará que la rebaja llegue efectivamente a las góndolas y no se pierda en la cadena comercial.
Otro de los mecanismos a los que apunta el gobierno es la inclusión de los 200 pesos en el salario de manera definitiva, una medida que a su vez engrosaría la masa de fondos del sistema previsional al cual aspira a cogerenciar con las AFJP.
Como contrapartida, el gobierno está ante la encrucijada de postergar o no la recomposición de las cargas salariales del 5 por ciento al 11 por ciento prevista de forma progresiva a partir de este mes dispuesto en su momento por Domingo Cavallo, que neutralizaría el aumento dispuesto un año atrás de forma no remunerativa.
Kirchner a partir de hoy deberá articular las innumerables postergaciones que fue dejando a su paso Duhalde por ser "presidente transitorio" con su pretensión de instaurar un modelo de desarrollo que apunta a rememorar el ascenso nuevamente de la burguesía nacional. Los primeros meses de gestión serán clave para ver si podrá llevar adelante semejante empresa o terminará "preso de las corporaciones".
La Ciudad
