La lucha contra el lavado de dinero a nivel mundial se incrementó notablemente luego de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, debido a que el terrorismo es uno de los grandes lavadores de activos. Argentina no quedó fuera de este escenario y en los últimos años se definió como uno de los países dispuesto a combatir esta actividad ilegal.
En este contexto, la semana pasada se desarrolló en Buenos Aires la primera jornada internacional sobre prevención del lavado de dinero en el mercado cambiario y financiero con la participación de expertos locales y de Estados Unidos, el principal impulsor para que los países reglamenten este tema.
Mariano Laski, de la consultora Villagarcía y Asociados de Buenos Aires, participó del encuentro y charló con La Capital sobre el nivel de aplicación de la ley de lavado de dinero y sobre el funcionamiento de la Unidad de Información Financiera (UIF).
Este organismo, creado en octubre del año pasado, se encarga del control de la ley y depende del Ministerio de Justicia de la Nación. Su principal objetivo es que, en caso de operaciones sospechosas, no se tenga que recurrir a la Justicia y el problema se solucione en una instancia administrativa. El principio básico del sistema de prevención es la aplicación de la regla "Conozca a su cliente".
Sin embargo, aunque la reglamentación apunte a investigar y procesar a aquellos casos que cometan delito, existe una suerte de contradicción dentro de la norma. La ley 25.246 exime de responsabilidad a los sujetos de información cuando tengan que revelar datos, esto quiere decir que pueden ampararse en el secreto fiscal, bancario, bursátil o profesional y negarse a revelar información. Por ejemplo, la UIF puede pedir información a la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) pero esta puede negarse a brindarla.
De hecho ocurrió un caso en que la Afip se negó a dar datos a la UIF y "se generó una controversia entre los dos organismos del Estado". Ante esta situación se realizó una consulta vinculante a la Procuraduría General de la Nación y finalmente se emitió un dictamen que avaló la decisión de la Afip. "Por un lado se crea la UIF, se designan autoridades, se le da presupuesto. Pero por otro, un organismo del Estado se opone a colaborar, acá hay algo que no anda bien", destacó Laski. Si se evoca el secreto bancario, fiscal y profesional se rejudicializan los procesos.
"Con este conflicto instalado son dos los caminos: derogar la ley sobre información confidencial o bajar línea desde el gobierno y hacer cumplir a todos los organismos estatales la norma de prevención de lavado de activos", explicó el consultor. Laski coincidió con las declaraciones del director de la UIF, Alberto Rabinstein en las jornadas sobre lavado de dinero, quien remarcó que debe haber "voluntad política para aplicar la norma".
El abogado advirtió que es "posible" cumplir las normas. "Con las entidades financieras y las sociedades de Bolsa que estamos trabajando intentamos que respeten la ley sin que eso les quite volumen de operaciones. Las empresas deben seguir trabajando y no encontrarse con una situación de condena permanente", advirtió.
Qué pasa sector por sector
El sector financiero registra el mayor número de denuncias realizadas sobre presuntos casos de lavado de dinero en Argentina, con 113 reportes sobre un total de 213, comunicó la UIF. Las denuncias, recibidas entre noviembre de 2002 y abril de 2003, contemplaron además, 62 reportes de la Afip contra presentaciones contables sospechosas, mientras que las empresas de seguros denunciaron 26 casos. La lista se completa con 5 denuncias formuladas por particulares; 4 pedidos de colaboración de organismos de gobierno; 2 del mercado de valores y 1 de una transportadora de caudales.
La mayoría de los sectores ya tienen reglamentados los procedimientos para detectar y denunciar operaciones sospechosas, sólo falta el de los contadores, escribanos y el Banco Central. La resolución 11/2003 consideró sospechosas las operaciones que contemplen grandes cantidades de joyas, piedras y metales preciosos. También existe normativa para las empresas prestatarias o concesionarias de servicios postales que realicen giros de divisas.
La UIF trabaja fundamentalmente en el cruzamiento de datos, por lo general en las operaciones financieras realizadas en efectivo que superen los 50.000 pesos, o aquellas en las que el cliente se muestre reticente a aportar datos o que no aparente poseer condiciones financieras para una operación de esa envergadura. El organismo estipuló distintos montos de multas para quienes no cumplan.
Fuentes del gobierno estadounidense, citando un estudio realizado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) denunciaron que el lavado de dinero alcanza un monto global de entre 500.000 y 650.000 millones de dólares anuales, equivalentes al 2 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) mundial. El informe precisa que 400.000 millones de dólares pertenecen al tráfico de estupefacientes.
La Ciudad
