Américo Tejedor tiene 44 años. Con su esposa y 4 hijos son evacuados del barrio Santa Rosa de Lima. El agua lo tomó de sorpresa como a la mayoría y apenas pudo tomar a sus hijos, treparse a una embarcación que lo depositó en el puerto y luego en la Escuela Avellaneda, pero de allí también debieron salir. Ahora viven junto con otras familias en una casa que ocuparon en el centro. Su historia es similar a la de muchos damnificados y abre otro problema también de difícil solución: los intrusos y la falta de lugares para vivir, habida cuenta de que muchas de las 28.000 viviendas que no serán habitables.
El fenómeno preocupa cada vez más pero el gobierno aclaró que la situación deberá ser resuelta por la Justicia en función de las denuncias que se presenten, ya que quien ingresa en una propiedad privada puede incurrir en el delito de usurpación. Y si bien se conocen casos de arreglos entre dueños y usurpadores, ya se acumulan denuncias en el Juzgado Correccional de la 5ª Nominación, a cargo de Alicia Doldán, quien ordenó las primeras actuaciones.
Más de veinte personas -los Tejedor y otras cinco familias- resolvieron su problema de no tener adónde ir ocupando dos viviendas en la céntrica calle 9 de Julio, a media cuadra de la Jefatura de Policía. Ayer la inmobiliaria Bottai, a cargo de las propiedades, retiró el cartel que las ofrecía en alquiler y realizó la denuncia.
Desde la firma dijeron entender a quienes debieron ocupar casas en los primeros momentos, pero esa actitud "no se justifica ahora que se organizaron tantos centros de evacuados". Por eso, acudieron a la policía para deslindar responsabilidades por el estado de las propiedades y para "evitar que (los intrusos) se queden eternamente". No obstante, diferenciaron entre quienes "no tuvieron otra alternativa" que refugiarse en casas desocupadas y quienes "varios días después y teniendo donde ir, ocuparon una propiedad sin permiso".
Pero hay muchos casos en los que ocupantes y propietarios llegan a un acuerdo. Carlos Villavicencio, ejecutivo de Orcu Inmobiliaria, admitió que así ocurrió en la mayoría de los que debió afrontar.
Para el caso de la vivienda donde está Tejedor, los ocupantes (de clase media baja, provenientes de los barrios Santa Rosa de Lima y Barranquitas) no sabían de la denuncia. "Cuando venga el dueño -dijo el hombre- le explicaremos. Creo que no va haber problemas. La casa está desocupada y se la mantenemos limpia".
Otro serio problema
No sólo los okupas mantienen sin dormir a las inmobiliarias. También hay cientos de inquilinos que de un día para el otro se quedaron sin lugar donde vivir y buscan desesperadamente un alquiler temporario para volver a empezar. No hay un número preciso de vecinos en esta situación pero se calcula que son miles; es que el agua alcanzó a 28 mil propiedades y muchas quedaron inutilizadas.
Muchas inmobiliarias no aceptan contratos temporarios porque prefieren alquilar por más tiempo. Otras tampoco dan muestras de flexibilidad al pactar nuevos alquileres o rescindir contratos con los afectados. A raíz de esto, la Defensoría del Pueblo pidió que contemplen la situación de los afectados, advirtiendo que muchísimos locatarios con contratos vigentes cuyas viviendas quedaron inutilizadas podrían invocar un artículo del Código Civil que prevé la rescisión. También propuso que se establezcan planes de exención del cobro del alquiler durante el período en que el inquilino no puede habitar la vivienda y que en los casos de deterioros edilicios se adecuen los contratos y reformulen los precios.
"En general los dueños consultados para hacer contratos temporarios -de tres a seis meses sin indemnización- respondieron que sí, aunque no todos piensan igual porque así se pueden perder oportunidades de alquiler más beneficiosas", precisaron en Bottai, donde se hicieron más de 15 de estos contratos.
La Ciudad
