La Capital
La Justicia federal quiere localizar a los desaparecidos en la catástrofe de Santa Fe y por primera vez arriesga una cifra escalofriante: las personas que aún no han sido halladas por sus familiares suman unas 1.775. Así lo requirió ayer la fiscal Cinthia Graciela Gómez mediante una presentación ante el juez federal Reynaldo Rodríguez, en la que solicitó que se organice a nivel oficial "un operativo de búsqueda de 1.775 personas que aún permanecen desaparecidas".
Si bien la abultada cifra no tiene necesaria relación con el saldo de muertos que se cobraría el desastre (hasta anoche la información oficial reportaba 22 víctimas fatales), la presentación le agregó una dosis aún mayor de dramatismo a la tragedia.
La "medida cautelar autónoma de protección" solicitada por la fiscal se convirtió en la primera actuación judicial tendiente a dilucidar las pérdidas humanas. La desesperada búsqueda de familiares que recorren los centros de evacuados en los listados de alojados en los albergues constituye una de las marcas más lacerantes del shock psicológico que generó el desastre hídrico.
Como anticipó La Capital en su edición de ayer, informes de inteligencia admiten que el número de víctimas fatales rondaría el centenar, aunque ello recién podrá determinarse con exactitud cuando las aguas se escurran del casco urbano.
"Afortunadamente las aguas no ingresaron a la ciudad en forma de aluvión, lo cual permite alentar esperanza de que el número de víctimas no haya sido tan elevado. Además por esa razón creemos que la mayor cantidad de muertos puede haberse registrado entre ancianos y personas con alguna imposibilidad de trasladarse con celeridad", comentó a La Capital una fuente que trabajó en el tema y pidió reserva de su identidad.
Operativo de búsqueda
En su presentación, la fiscal Gómez solicitó "una urgente medida cautelar autónoma de protección a favor de las personas que han denunciado la desaparición de miembros de su grupo familiar en razón de la catástrofe producida por las inundaciones".
La representante del ministerio público adjuntó a su escrito una base de datos elaborada hasta las 7 de ayer, en la cual "el número de personas desaparecidas asciende a 1.775" y añade que "de las actuaciones preliminares efectuadas por esta fiscalía las personas incluidas en dicho censo no figurarían en las bases de datos de evacuados y autoevacuados", que según los datos obtenidos por la Justicia federal hasta ayer ascendían a 27.688 y 53.313, respectivamente.
Con dichos elementos la fiscal solicitó al magistrado que ordene a las fuerzas de seguridad y defensa civil nacionales la "organización oficial de un operativo de búsqueda de personas", con la colaboración de personal idóneo del Registro Nacional de las Personas, organismo que deberá encargarse de otorgar los documentos de identidad "a los afectados que la han perdido en la tragedia".
La presentación se sumó a un pedido formulado por dos fiscales federales de la Capital Federal para que se inicie una "investigación preliminar" a los fines de si incurrieron en alguna figura delictiva -entre ellas abandono de personas, incumplimiento de los deberes de funcionario público y amenazas contra la autoridad- aquellos funcionarios que "no adoptaron en tiempo y forma las medidas conducentes para preservar a la población de la crecida del Salado".
Los fiscales Patricio Evers y Luis Comparatore solicitaron al procurador de la Nación, Nicolás Becerra, copias a los medios de comunicación que registraron declaraciones de técnicos y especialistas que sostuvieron que previnieron tiempo atrás los efectos que podría acarrear la crecida del río Salado que cubrió un tercio de la capital santafesina.
Por otra parte, un abogado santafesino requirió ante la Justicia ordinaria que el gobernador Carlos Reutemann denuncie en los Tribunales a aquellas personas que -según afirmó el mandatario en conferencia de prensa- lo amenazaron para que no dinamitara la avenida de circunvalación.
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