Mientras los gobiernos y los políticos sigan creyendo que pueden hacer lo que quieren con la naturaleza invadiendo el terreno donde habita el río y permitan el asentamiento masivo en los valles de inundación del Paraná y el Salado, Santa Fe continuará expuesta a catástrofes hídricas como las que soportó en 1982 y 1983 por el este, y la de ahora por el oeste con su tremenda secuela de muertes y pérdidas insuperables.
A pocos días de la tragedia ya nadie duda que una política urbana que se extendió por décadas desde la mitad del siglo pasado, anteponiendo intereses económicos y clientelismo por sobre la racionalidad y el respeto a la naturaleza, es la causa fundamental de las cíclicas inundaciones -cada vez más importantes- sigan destrozando a Santa Fe.
En poco menos de medio siglo más de 200.000 santafesinos han levantado viviendas a lo largo del cordón oeste de la ciudad. Torres con poblaciones que van desde 2.000 habitantes, en La Florida, a 10.000, como el Fonavi Centenario, están viviendo junto a un volcán que cuando despierta en lugar de lava derrama agua, pero con el misma fuerza destructora.
Por la costa del Paraná, a la vera de la ruta 168, la explosión demográfica está por debajo de la costa oeste, pero observa también asentamientos como el Fonavi del barrio El Pozo, con 10.000 habitantes, y otros de organismos públicos como la Ciudad Universitaria (incluyendo la Facultad de Ingeniería y Recursos Hídricos, el Ceride y últimamente el centro comercial que integran un supermercado, cines y shopping).
En el caso de estos asentamientos la situación puede ser mucho más grave si una crecida supera el anillo defensivo ya que este provocaría un endicamiento, y el agua al no tener salida avanzaría sobre la avenida costanera y provocar otro desastre. Y si bien las defensas están a alturas nunca superadas, tampoco nadie puede firmar lo contrario. Tres años atrás, la Legislatura aprobó por imperativo del Banco Mundial, y como requisito previo para créditos, una ley regulando el uso de zonas inundables en donde se limitan los asentamientos públicos y privados en los valles de inundación.
En realidad, la ley 11.730 establece el uso de bienes en las áreas inundables, especificando entre otras cosas las prohibiciones de obras, emprendimientos públicos o privados que impidan el escurrimiento; normas de aplicación para los ocupantes y habitantes de inmuebles en esa zona; y la no realización por el Estado de obras de infraestructura para aquellos que desarrollen actividades no permitidas.
La norma es una verdadera herramienta para generar una profunda transformación de la política urbana en los valles de inundación, y fue sancionada en marzo de 2000 y publicada en el Boletín Oficial, pero insólitamente aún no ha sido reglamentada y por esa razón no tiene vigencia ni aplicación. Resulta increíble que a tres años de su sanción, un instrumento solicitado por las entidades crediticias internacionales, en el que intervinieron organismos técnicos y oficiales, esté guardado en un cajón, pero es la realidad. Ayer, el intendente Marcelo Alvarez sostuvo que había que refundar Santa Fe, pero resulta imposible suponer que eso ocurra si miles de santafesinos continúan poblando las zonas inundables y se continúan construyendo hospitales, centros de estudios, facultades y hasta barrios enteros en áreas de riesgo.
"La ciudad rodeada por agua, en lugar de crecer hacia el norte, se fue asentando en el oeste a lo largo de la costa del Salado en pleno valle de inundación desde hace varias décadas, muchas veces ilegales, que luego eran regularizados por los gobiernos de turno", admitió el arquitecto Luis Amavet, un profesional de carrera a cargo de Planeamiento Urbano municipal.
Explicó que a medida que se fueron construyendo defensas se fueron multiplicando los asentamientos en el oeste en zonas de riesgo, pero esto al mismo tiempo se convierte en una complicación cuando existen crecidas importantes y el agua comienza a filtrarse por dentro y se debe recurrir a las bombas".
A. P.
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La Ciudad
