Reflexiones

Competencia de opiniones

Isabel Martínez de San Vicente (*)

En los últimos tiempos, el debate sobre los problemas urbanísticos ha comenzado a recobrar la vivacidad de la década pasada, y eso resulta estimulante en una ciudad que parecía adormecida. Preocupa, en cambio, que el abordaje de los mismos se ha convertido en una competencia de opiniones, emitidas a veces sin hacer referencia a los argumentos técnicos y las herramientas que el urbanismo provee en abundancia para la definición de políticas urbanas.
Nos referimos a la observación sistemática de los procesos propios de cada realidad urbana; al análisis comparado de resultados en la aplicación de determinadas políticas; a la consideración atenta de las particularidades históricas, culturales, sociales y económicas, operaciones técnicas indispensables para evitar la mera trasposición acrítica de experiencias ajenas. A la utilización de series temporales que permitan avalar y comparar dichos resultados; a una medición técnicamente fundada del comportamiento de ciertas variables cuantificables (el mercado inmobiliario; el movimiento comercial; los desplazamientos poblacionales; el comportamiento de los actores, por ejemplo, cuando se trata del abordaje de un problema de revitalización urbana). Cuestiones todas que, por otra parte, son sumamente sencillas de predisponer en tiempos cortos para avalar la toma de decisiones.
Lo que resulta más preocupante aún es que esta debilidad de los respaldos objetivables de las opiniones emitidas, provoca un debate poco fértil, un enfrentamiento de sectores, una parálisis en la toma de decisiones, que opaca el dinamismo del renacido debate urbanístico.
Reconocer y valorar la necesidad de recurrir al conocimiento como herramienta no implica desconocer el carácter político de la administración urbana, sino relativizar su hegemonía. Parece pertinente, en este punto, recordar una reflexión de Bachelard, la cual no por conocida resulta menos oportuna: "Frente a lo real, lo que cree saberse frecuentemente ofusca lo que debiera saberse... El espíritu científico nos impide tener opinión sobre cuestiones que no sabemos formular claramente".
En relación con las reflexiones precedentes, merecen mencionarse tres debates recientes, aún no saldados totalmente: el de la apertura al tránsito del microcentro; el de la localización del casino; el de la propuesta de urbanización de la denominada segunda fase del parque Scalabrini Ortiz. La brevedad de esta reflexión impide desarrollar en profundidad todos y cada uno de los argumentos técnicos capaces de avalar la toma de decisiones, pero los mismos pueden ser tomados como ejemplo.
En el primer caso, las opiniones en contra argumentan que todas las ciudades "importantes" tienen un área peatonal, que se incrementará la congestión y la contaminación entre otros. Un análisis más profundo permite descubrir que, mientras que en aquellas ciudades que tienen áreas peatonales se tomó la decisión de restringir el tránsito cuando la congestión de usos hacía materialmente imposible la accesibilidad -situación que también afectaba a Rosario al momento de la restricción del tránsito- en la Rosario actual ha habido un vaciamiento comprobable de los usos que justificaron e hicieron necesaria la peatonalización del área: el éxodo bancario, la disminución del número de residentes, el traslado del sector comercial hacia el oeste, para citar sólo algunos. Otros argumentos, como el del incremento de la contaminación acústica y atmosférica por vías de la congestión, si bien resultan válidos para el estado actual del área central en su conjunto, pierden consistencia cuando se trata de variar la condición de uso de una estrecha franja de sólo dos cuadras de ancho, cuya liberación, más que acentuar, contribuye posiblemente a redistribuir el tránsito, y por lo tanto a descongestionar las áreas contiguas. Resulta técnicamente sencillo verificar esta hipótesis con el instrumental de que la Municipalidad dispone, realizando mediciones en el área -de ruido, de aumento o disminución de las emisiones respecto a las arterias contiguas, de incremento de los flujos de tránsito, de los tiempos de atravesamiento, etcétera-.
En el segundo caso, el intenso y apasionado debate sobre "la" zona en que podrá localizarse el casino ha soslayado el recurso a algunos instrumentos técnicos de probada utilidad. El análisis del proceso de construcción de la ciudad nos revela que la ciudad ha ido predisponiendo una zonificación natural a lo largo de sus más de cien años de existencia, que las ordenanzas municipales han acompañado, a veces con una sabia vocación de equilibrio y otras introduciendo alteraciones de graves consecuencias. Esta zonificación tiene manifestaciones funcionales (áreas comerciales, residenciales, industriales, etc.), de tipo morfológico (áreas de edificación en altura, de media y baja densidad, barrios jardín, etc), y de tipo socioeconómico (zonificación que la crisis de la última década ha acentuado visiblemente).
Si se recurre como otra herramienta al análisis comparado de casos puede verificarse -el tan citado pero poco profundizado caso de Barcelona es una prueba evidente- que una transformación rotunda de estas tendencias sólo se ha logrado con una masiva inversión pública, y nunca mediante el direccionamiento a una única inversión privada, sobre todo cuando ésta es de tipo edilicio. Una tercera herramienta la constituye el Código Urbano actualmente vigente, el cual -si bien desactualizado en muchos aspectos- atribuye al cuerpo normativo la potestad de dirimir las compatibilidades e incompatibilidades de uso y de ocupación en los distintos distritos de la ciudad. Cuando aparece un nuevo uso a incorporar a la ciudad, provee una tabla de prototipos cuya instalación resulta compatible o incompatible con el carácter de cada distrito.
Señalar entonces una serie de zonas donde el uso pueda ser compatible con las tendencias funcionales presentes, y ofrecer al mismo tiempo una vasta gama de posibilidades en términos de densidades y valor del suelo, parece ser la respuesta más compatible con las demandas actuales de la ciudad, descomprimiendo posibles presiones sobre el mercado inmobiliario y dando lugar al surgimiento de variadas iniciativas. Se desplaza así el debate de lo subjetivo a lo técnico, centrándolo en cuáles son las verdaderas restricciones e incompatibilidades de una actividad como la que aquí se trata, y abriendo oportunidades a los múltiples sectores interesados en el mejoramiento de la ciudad y en la creación de iniciativas generadoras de empleo.
En el tercer caso, de la lectura del proyecto de ordenanza que habilita la urbanización de la segunda fase del parque Scalabrini Ortiz, surge la incorporación de algunas figuras técnicas nuevas, ausentes en nuestra tradición urbanística, -y por lo tanto carentes de sustento jurídico-, que se encuentran en cambio en la legislación vigente en algunos países europeos: la incorporación, por ejemplo, del sujeto urbanizador cuando nuestra tradición se remite a los objetos, las urbanizaciones; y la incorporación, además, de cargas a dicho sujeto que exceden las tradicionales cesiones para espacios verdes, circulaciones y espacios para equipamiento previstas en nuestra práctica usual. En este caso, se le pide la ejecución de una serie de obras de reestructuración ferroviaria. Lo que un análisis comparado permitiría, para una mejor comprensión de las diferencias entre este proyecto y las prácticas de cesión de otras legislaciones, es que las mismas se aplican sobre la ciudad en su conjunto, definiendo polígonos en los cuales los propietarios cuyas obligaciones de inversión y de cesión se encuentran por debajo del promedio compensan a los que deben invertir por encima de ese promedio, para asegurar lo que se denomina la "equidistribución de los beneficios y cargas", y evitar los abusos de la administración en perjuicio de los privados. Se incorporan, a tal efecto, complejas figuras jurídicas para la compensación. A su vez, merece señalarse que la figura del "urbanizador" surge de la identificación de grupos promotores que ejecutan el conjunto de las obras, y se aplica en las áreas a urbanizar y no en el suelo urbano, donde normalmente las operaciones involucran a una gran cantidad de emprendimientos de diversa magnitud. Por otra parte, en el proyecto que nos ocupa, entre las obras a realizar se solicita la construcción de una estación para trenes de pasajeros, sin acompañar el proyecto del correspondiente análisis prospectivo del tipo de tecnología y las modalidades con que se va a implementar el servicio. La iniciativa, por último, presupone unas expectativas de rentabilidad del mercado inmobiliario que no parecen estar avaladas por un estudio de las tendencias en la inversión local (el caso de la yerbatera Martin podría anticipar las serias dificultades que puede encontrar el área para su futuro desarrollo), ni por una evaluación de la acuciante demanda de reactivación que el sector de la construcción requiere en Rosario como parte de una estrategia de generación de empleo.
En síntesis, hoy más que nunca se hace necesario despojar de subjetividad al debate urbanístico, expresar con claridad los objetivos de las políticas urbanas -de tipo social, económico y cultural-, apelar a todo el instrumental técnico disponible para el cumplimiento eficaz de los objetivos planteados y avanzar por esa vía en el mejoramiento de la calidad de vida en la ciudad, que hoy puede ser sintetizada en algunas demandas básicas, que incluyen, además de la calidad asociativa y espacial del hábitat urbano, el empleo y la sustentabilidad de la ciudad como emprendimiento colectivo.
(*) Investigadora del Conicet y consultora de organismos públicos y privados