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Poder sin límites

Estamos contemplando asombrados los últimos actos del Poder Ejecutivo de la Nación, que deben ser investigados a la brevedad posible por el Congreso nacional, la Corte Suprema de Justicia y por constitucionalistas. Es que se deben tomar medidas enérgicas, tras el decreto presidencial de solucionar el problema que los banqueros les han planteado a los depositantes al entregarles un bono opcional en dólares emitido por el Estado. Este arbitrario decreto Nº 739/03 del presidente Duhalde está en abierta y gravísima transgresión con la Constitución nacional que solamente permite al Congreso nacional establecer los gastos públicos (Art.75, inciso 8). En el decreto se autoriza al Estado nacional a pagar mediante bonos denominados Boden 2013 parte de la deuda contraída por los bancos privados, en su inmensa mayoría extranjeros -con capitales de magnitud y que gozan de envidiable salud financiera-, que paradójicamente se niegan a cumplir contratos con particulares. En realidad, este bono optativo constituye una estafa más a los ahorristas que lo acepten porque se les va a pagar con títulos a diez años, además de ser abonados por el bolsillo de todo el pueblo argentino, en vez de por los verdaderos deudores, los bancos privados, cuyos bienes deben ser expropiados si no pagan, o los de sus casas matrices y de los grupos económicos a los que pertenecen. Delante de las narices de todos se está transformando la deuda privada en pública. Además de intentar cambiar de deudor, el Estado no puede interferir en contratos de derecho privado entre privados. Esta sucia maniobra, que juega con la desesperación y necesidades de la gente que aún no se dejó estafar, contiene también la cláusula que deben renunciar a todos sus derechos constitucionales como única forma de recuperar una parte de sus ahorros, dando por perdido el resto. Eduardo Duhalde no tiene facultades para subsidiar a los bancos y mucho menos con dinero que nos pertenece a todos los argentinos. Por ende, llama la atención el silencio de los colegios de abogados, de la prensa y de los partidos políticos ante este delito en complicidad con los grandes bancos. Salvo los ahorristas, nadie denuncia que una Nación con 20 millones de pobres reste de prestar servicios públicos esenciales como la seguridad, la educación, la salud, la defensa nacional, el mantenimiento de calles y carreteras, para pagarles la deuda que los banqueros tienen con sus acreedores-clientes. Así, ante la lamentable pasividad y falta de reacción de las fuerzas vivas, la Nación se va a endeudar aún más, sin un fin público que lo justifique.
Alberto Seoane