A pesar de las ventajas competitivas generadas tras la devaluación, industriales de diversos sectores reconocen que comienzan a ser insuficientes para colocar sus productos, incluso en el mercado interno. Crecientes exigencias de calidad y medioambientales dentro de los procesos productivos aparecen como un impedimento de la misma envergadura que la ausencia de financiamiento para encarar proyectos.
El estado nacional y las provincias pierden muchas veces en la pelea por nuevas inversiones debido a razones de anomia ambiental. Ni los fuertes incentivos impositivos que se ofrecen sustituye la ausencia de reglas claras en materia de residuos peligrosos, efluentes líquidos o gaseosos, etcétera.
En Argentina recién en la década del 90 comenzó a conformar un marco jurídico más específico relacionado con el medioambiente, aunque aún en la actualidad continúan varios aspectos normativos sin reglamentar. Pero no todas las provincias se subieron al tren de la Nación. Las provincias denominadas "grandes" legislaron su propia ley.
La reglamentación en la bota santafesina viene en el pelotón de cola respecto de otras provincias como Córdoba, Buenos Aires o Mendoza, a pesar de contar con el instrumental político necesario para su sanción. A modo de ejemplo, Buenos Aires le saca cinco años de ventaja en materia de legislación medioambiental. Funcionarios y empresarios admitieron que esto significó la pérdida de varias oportunidades para traccionar inversiones al territorio provincial.
Cuenta regresiva
Sin embargo, en la provincia ya comenzó la cuenta regresiva. Los industriales santafesinos tendrán que ponerse al día en poco tiempo más. La provincia reglamentó vía decreto a fines de febrero pasado la evaluación de impacto ambiental que entrará en vigencia a mediados de año. A partir de ahí la industria tendrá seis meses para presentar un informe sobre residuos peligrosos, efluentes líquidos y gaseosos, en su producción. O sea, el impacto que tiene hacia adentro y afuera de la fábrica.
Las empresas, principalmente industrias, ya instaladas deberán denunciar el impacto ambiental que tiene la compañía y para quienes buscan radicarse en Santa Fe tendrán que agregar un diagnóstico ambiental, que implica un trabajo más exhaustivo respecto de aquellos que tienen sus plantas en funcionamiento y directamente tendrán que cuadrarse dentro de parámetros autorizados de toxicidad. En el caso de las ampliaciones de las plantas dependerán si existe una modificación de los procesos productivos.
La política del gobierno provincial en lugar de ir al choque con los empresarios apunta a la convergencia de las firmas hacia parámetros "adecuados" de contaminación. Por esta razón, la reglamentación de la evaluación de impacto ambiental contempla primero una clasificación en tres categorías de las industrias en base a los datos suministrados por mismas empresas.
A partir de allí quienes no cumplan con los encuadres legales establecidos deberán presentar un plan de gestión ambiental para quedar dentro de la normativa sin ser sancionados. En ningún caso el proyecto de adecuación podrá exceder los seis años, y podrán ser modificados por las autoridades de considerar que los plazos son exagerados.
El gobierno provincial aún tiene que estandarizar algunos procesos administrativos y los valores de las tasas que comenzarán a pagar los industriales, en principio, a partir de 2004. Funcionarios del Ejecutivo provincial admitieron que estos puntos quedarán para la próxima gestión de gobierno, a pesar de contar con mayoría en la Legislatura y reconocer que numerosas compañías, entre ellas multinacionales, pasaron de largo Santa Fe en la última década por no existir seguridad jurídica en el tratamiento medioambiental.
Numerosos proyectos de inversión, sobre todo de grandes compañías, suelen están atados a préstamos de organismos financieros internacionales o multinacionales que exigen en sus contratos reglas claras en esta materia para autorizar créditos a subsidiarias o firmas tercerizadas.
Para las empresas locales los estándares de calidad y medioambientales cada vez son más imprescindibles en las compulsas por acceder como proveedor de empresas multinacionales o para la colocación de productos en determinados mercados del Primer Mundo.
Un creciente número de empresarios comenzaron a transformar sus plantas hacia producciones más limpias y hacia la certificación de procesos amén de la anomia legislativa.
De todas formas, la adecuación de los modos productivos hacia una producción más limpia significa en muchos casos el desembolso de nuevas inversiones, que en el actual contexto económico para las pymes locales se torna difícil de llevar adelante.
Una cuestión de actitud
Sin embargo, la experiencia de un grupo de 20 pymes santafesinas dedicadas a la galvanoplastía, un sector dedicado al tratamiento de superficies metálicas que junto con curtiembres trabajan con materiales altamente tóxicos (cianuro, sales de metales pesados, etcétera), "demostraron que con poco esfuerzo se puede absorber gran parte de esos costos con el ahorro de varios de los elementos que ahora son reutilizados y que antes iban a parar sin anestesia a las cloacas de la ciudad", señaló Claudio Colombo, consultor ambientalista de GTZ (una consultora alemana que trabaja con el Ministerio de Cooperación del Estado germano).
Los galvanoplásticos, que en la bota santafesina son alrededor de 120 firmas, son pymes que en más grandes llegan a trabajar 20 operarios pero que en promedio son talleres con 3 ó 4 trabajadores. Colombo reconoció que tuvieron que aprender con el "garrote", ya que en la privatización de la Dipos se estableció una cláusula donde la empresa prohibió lisa y llanamente el vuelco de cualquier tipo de efluentes tóxicos a la red cloacal, lo cual implicaba el cierre definitivo de estas pymes.
El consultor mostró con números la transformación en estas empresas. Después de un par de años de trabajo sólo en limpieza y orden, "con un 20% de esfuerzo se redujeron en un 80% los niveles de contaminación de efluentes", apuntó.
Los galvanoplásticos junto con la Asociación de Industriales Metalúrgicos (AIM) y otras instituciones están a la búsqueda del armado de una logística para el tratamiento y depósito final de residuos, dado que los considerados "peligrosos" no pueden ser enviados fuera de los límites provinciales.
En la provincia existen algunos tratadores de residuos (algunos de ellos muy cuestionados), pero no existen para todos los productos que utiliza la industria en su conjunto, así como para el depósito final. Autoridades y empresarios coinciden en que Santa Fe queda un largo camino por recorrer en materia medioambiental.
Entre los puntos pendientes quedan la armonización legal entre la provincia y el municipio de Rosario, quien se adhirió a la ley nacional con la cual existen divergencias respecto de la legislación santafesina. Funcionarios de ambos distritos consideraron que "no habrá problemas" en que la ciudad adecue las ordenanzas a las normativas de Santa Fe.
Desde distintos círculos relacionados con la problemática estimaron que la provincia tiene una legislación más acorde con la realidad local, a diferencia de la ley de medioambiente nacional, "que fue extrapolada de otros países y que era para otra realidad argentina", explicaron. Por el momento conviven dos fórmulas normativas incompatibles para ser cumplidas.
También existe una distancia en materia de presupuestos con provincias como Córdoba y Buenos Aires para el control e inspección de las empresas.
En este sentido, los directivos de las firmas santafesinas que modificaron o están en proceso de cambio hacia mecanismos de producción más limpios señalaron que en numerosos casos se produce una competencia desleal respecto de aquellas empresas que no tienen en cuenta el medioambiente.
Un problema que se acrecienta en la actualidad dado que varios sectores productivos, que prácticamente habían apagado sus chimeneas en los noventa, están volviendo a producir con sus viejas herramientas. A modo de ejemplo, en galvanoplastía estiman que reaparecieron unas 30 firmas desde la devaluación.
La gestión ambiental en las empresas suele presentarse como de difícil resolución, máxime cuando los niveles de desempleo y pobreza en el país marcan tristes récords históricos en la Argentina.
Los empresarios locales adaptados al medioambiente buscan mostrar con números las ventajas económicas. "Muchos empresarios sólo entienden la ley del bolsillo, por eso es que buscamos con números en la mano mostrar que es posible ser competitivos aún teniendo en cuenta el entorno, que en definitiva es el mismo ambiente en el que viven los industriales", resaltó Colombo.
Lo cierto es que el medioambiente en el corto plazo se irá transformando en un verdadero "negocio", tanto para los empresarios, autoridades, consultores y la población en su conjunto. Por lo pronto, los industriales en Santa Fe están en el tiempo de descuento para mostrar sus cartas respecto al impacto medioambiental de sus producciones.
La Ciudad
