A poco de cumplirse -será el 14 de abril- una década de la sanción de la ley federal de educación, la extensión hasta 10 años de la obligatoriedad de la enseñanza se ha generalizado en el territorio argentino. La medida de prolongar de 7 a 10 los años para la permanencia obligada en el sistema educativo es el aspecto que nadie discute de esta reforma. Es más, en las críticas más habituales se reclama elevar aún más estos niveles de obligatoriedad y, en todo caso, que lo establecido por la ley se cumpla. Porque, de manera paralela a la universalización de lo que indica la norma federal, la deserción y la repitencia siguen siendo fenómenos de preocupación común. Por otra parte, al mismo tiempo que algunos ministros de educación concuerdan en que ahora "hay más alumnos en el sistema", advierten sobre el "desfinanciamiento" que sufrió la aplicación de la llamada "transformación" en los últimos años, sobre todo en materia de infraestructura, equipamiento y capacitación docente.
De la misma manera que, desde 1993, las provincias generalizaron la obligatoriedad desde el nivel inicial hasta el 9º año de la Escolaridad General Básica (comprende a los alumnos desde los 5 años de edad hasta los 14), las definiciones sobre la implementación del polimodal -no es obligatorio según la ley- varía de acuerdo con cada región (ver infografía).
Distintos modelos
Algunas provincias optaron por lo que se denomina una aplicación "masiva gradual", es decir para todas las escuelas de su territorio pero en forma paulatina, año a año, de manera, por ejemplo, que los que ingresaron en este nivel en el 2001 serán los primeros egresados -este año- de la nueva estructura. Tal el es el caso de Santa Fe. Otras jurisdicciones se inclinaron por un modelo "a escala", esto es llevar el polimodal primero a algunas escuelas para luego hacerlo extensivo al resto.
El panorama es complejo, al punto que no escapan al mismo aquellas provincias, como Neuquén, que decidieron suspender la aplicación de la reforma (sin afectar la extensión de la obligatoriedad) o el caso de la ciudad autónoma de Buenos Aires, que nunca implementó la ley federal y aún mantiene la estructura tradicional de escuela primaria y secundaria (en ambos casos obligatorias). Sin considerar los conflictos que en nombre o al margen de la ley federal se dan en cada provincia. Basta recordar aquí a Entre Ríos, que aún no inició sus clases este año.
Una referencia aparte merece la formación técnica -también prevista en la ley-, que abarca entre el último (o tercer) año del polimodal y se extiende a un cuarto año, y que en la jerga de la reforma se la conoce como Trayectos Técnicos Profesionales (TTP). Las definiciones en este terreno son todavía imprecisas, si se mira qué pasa provincia por provincia. Por citar un ejemplo, Santa Fe cuenta con el polimodal y TTP contemplados en el mismo, mientras que la provincia de Buenos Aires tiene polimodales y TTPs obligatorios en las ex escuelas técnicas y agrarias.
Según concluye, en términos generales, el coordinador de la Dirección Nacional de Gestión Curricular y Formación docente, Hugo Labate, el espíritu de la ley de hacer obligatorio desde el nivel inicial hasta el 9º año de la EGB se cumple prácticamente de manera completa, salvo algunas dificultades locales (sobre todo localizadas en las áreas rurales) y más allá de las denominaciones con que se reconozcan los ciclos. Para Labate, hay más alumnos en el sistema porque sencillamente "hubo una vuelta a la escuela".
En esto coincide la visión del subsecretario de Educación santafesino, Julio Zapata, para quien la ley federal es superadora de la 1.420, ya que esta funcionó muy bien para la educación primaria, en tanto la nueva norma "reestablece el marco institucional en la Argentina".
A su vez consideró como materia pendiente la necesidad de pensar una nueva carrera docente, por un lado, y la adecuación de las normativas que rigen la escuela a los cambios que plantea la nueva estructura educativa, por otro.
La Ciudad
