Los integrantes del bloque de concejales del Partido del Progreso Social dieron a conocer en conferencia de prensa los fundamentos de su negativa al pedido del Departamento Ejecutivo de prorrogar la ordenanza de adhesión a la ley de emergencia económica provincial. Quien tomó la posta fue el titular de la bancada, Ricardo Marengo, quien cargó contra el intendente Hermes Binner al señalar que "lo que realmente oculta es el gasto desmesurado e imprudente que hizo esta Municipalidad, dejando como grandes acreedores a los proveedores". De acuerdo a los números que maneja el cavallerismo, la deuda del Ejecutivo asciende a los 82 millones de pesos entre lo que se le debe a la Caja de Jubilaciones, salarios y distintas prestaciones de obras y servicios. "Se debe gastar de acuerdo a lo que ingresa. Es injusto que después del 10 de diciembre de este año se siga pateando la deuda para adelante", remató Marengo. Para la concejala Analía Carrió, "lo que estamos planteando son deudas denunciadas por el propio intendente donde dice cuánto y qué le debe a cada uno", para luego exigirle al Ejecutivo "una modalidad de pago, que diga cómo, cuándo y de qué manera va a pagar". En tanto, la concejala Hilda Gontín, aclaró que "hay algunas deudas que Binner dice que ha pagado y que en realidad es que cambió de titularidad. Porque sostiene que a las empresas contratistas de la construcción les pagó, pero en realidad lo que hizo fue tomar a su cargo las deudas que estas empresas tenían con distintos bancos, entre ellos el Banco Municipal". "Queremos saber cuál es el límite del endeudamiento, o si el único objetivo que persigue el intendente es llegar al 10 de diciembre cortando cintas a costa de seguir endeudando al municipio, y que todo el paquete de la deuda lo tenga que asumir la próxima administración", sentenció la concejala cavallerista. Por último, Gontín puntualizó que "el tema de los juicios es manejable, porque la ley prevé que al tener sentencia firme se notifica que no hay partida presupuestaria, y se debe hacer la previsión para el próximo presupuesto, o sea para el 2004. Y si hubiese un embargo, tiene que pedir la desafectación de esos fondos porque así lo prevé la ley".
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