La secretaria de Promoción Comunitaria provincial, Adriana Cavuto, no descartó que existan muchos más casos como los de María Alejandra Fisicaro, la mujer que cobra un plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados y a la vez integra la firma concesionaria del bar de Costa Alta, con capital declarado por 50 mil pesos e ingresos familiares certificados por 2 mil. "Con el trabajo en negro que hay actualmente en el país es imposible que nos salte si los beneficiarios tienen otros ingresos, porque los cruces de verificación se hacen con la Ansés y, si el patrón no realiza aportes no pueden detectarse", explicó la funcionaria. Por ello, admitió la posibilidad de que haya un alto número de casos similares y exhortó a la gente que se entere de situaciones irregulares a formular las denuncias ante los consejos consultivos municipales, que llevan el control social de los planes. "Para eso fueron creados, con la participación de las organizaciones comunitarias. Nadie conoce mejor que ellos quién cobra el plan y quién no", sentenció Cavuto.
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