Un grupo de acreedores del frigorífico Fricop tiene una opción de compra por el 51 por ciento de las acciones de la compañía y está dispuesto a ejercerla no bien se resuelva la controversia en torno a la cuota de cupo Hilton. Así lo confirmaron a La Capital allegados a este grupo, que de hecho habría estado conduciendo el último tramo de las negociaciones con las autoridades de la Secretaría de Agricultura y la Justicia, en las cuales todavía quedan cuestiones por resolver (ver aparte). El grupo está integrado por contadores y abogados que resultaron damnificados por la crisis de la empresa, una sociedad anónima controlada por los socios de la cooperativa Fricoop. Entre los que quedaron golpeados por la entrada en cesación de pago y posterior convocatoria de acreedores de la cooperativa Fricoop se encuentran bancos, productores y consignatarios de hacienda, la DGI y el municipio de Rosario. En medio de la crisis del frigorífico, los profesionales se pusieron a comprar acreencias de terceros en la convocatoria de acreedores y habrían llegado a reunir la mayoría de los votos para quedar en condiciones de decidir sobre el futuro del Fricop. Otros damnificados que ven la movida de afuera aseguran que existió un segundo grupo embarcado en la misma tarea, más cercano al gerente del frigorífico, Eduardo Arancón, y no descartaron la posibilidad de que estos grupos estén operando para un tercer inversor e incluso puedan llegar a un arreglo entre sí. Consultado por La Capital, Arancón aseguró que sólo cumple funciones en la administración del frigorífico y negó cualquier tipo de participación en el control accionario de la compañía: "Yo no soy socio de la fábrica", sentenció. Del grupo de profesionales surgió ayer la información de que tienen firmada una opción de compra por el 51 por ciento de las acciones y que está todo listo para homologar el acuerdo ante la Justicia no bien se cumpla una serie de puntos clave, entre ellos la adjudicación de la cuota Hilton y la habilitación para exportar. Como el frigorífico en medio de la crisis había llegado a una situación de insolvencia total y entrado en cortocircuito con sus proveedores, habría sido este grupo quien garantizó con aportes la continuidad de las operaciones en la crisis. De hecho, en la última etapa de las tratativas con el gobierno fue una consultora que responde a este grupo la encargada de negociar con las autoridades del Ministerio de la Producción y la Secretaría de Agricultura de la Nación. Ahora, cuando sólo falta sortear el último escollo, el preacuerdo de transferencia habría sido blanqueado ayer ante las autoridades del Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria), para distender el duro enfrentamiento que mantienen los directivos del organismo sanitario con los actuales dueños.
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