El gobierno trasladó al Congreso la responsabilidad de decidir cómo se compensará a los bancos por la indexación asimétrica de créditos y préstamos y por el pago de sentencias judiciales.
Luego de la pesificación asimétrica dispuesta por gobierno en enero de 2002, el Congreso decidió que los créditos hipotecarios para vivienda única y familiar, los personales hasta 12 mil pesos y prendarios hasta 30 mil pesos se ajusten por el Coeficiente de Variación Salarial (CVS). Al mismo tiempo se dispuso que los depósitos en dólares luego pesificados a 1,40 peso y los efectuados en pesos se ajusten por el CER que se mueve al compás de la inflación. Obviamente la aplicación de ambos índices generó un desfasaje en los balances bancarios.
A su vez los bancos estuvieron pagando sentencias judiciales por amparos a la cotización del dólar libre, lo cual también creó una diferencia con las disposiciones gubernamentales. Por tanto, ambos desfasajes deben ser compensados por un título público, que en principio iba a ser instrumentado por el Poder Ejecutivo.
Sin embargo, distintas críticas inclinaron al presidente Eduardo Duhalde a presentarle al Congreso un proyecto de ley para que sea decisión del Poder Legislativo la forma de pagarle a las entidades financieras. La propuesta gubernamental fija que en el caso de los amparos la compensación se realice cuando las causas judiciales obtengan sentencia firme. Para la asimetría por la aplicación de CER y CVS el proyecto propone establecer una compensación sobre la cartera actual, restando las previsiones que hubieran hecho las entidades más un descuento adicional de un 5% por un índice de recobrabilidad.
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La Ciudad
