Cuestionamientos al poder político, a la actuación de las fuerzas de seguridad y a la investigación judicial de las muertes durante la represión a los saqueos del 19 y 20 de diciembre de 2001 se unieron ayer en un acto organizado por la Comisión Investigadora No Gubernamental de los hechos de diciembre en las escalinatas de los Tribunales provinciales. A 15 meses de los disturbios que dejaron ocho muertos en la provincia de Santa Fe, la Comisión reclamó el esclarecimiento de los casos y la citación de los responsables políticos de la represión, al tiempo que expresó su preocupación por el "inminente cierre definitivo" de la mayoría de las causas.
El acto se inició a las 10 con la presencia de los legisladores Angel D'Ambrosio, Eduardo Di Pollina, Federico Pezz y Alicia Tate; militantes de derechos humanos, religiosos y familiares de las víctimas. En la manifestación se leyó un documento que destaca la falta de interés del poder político por "dar una respuesta oficial al derecho de la ciudadanía a saber lo que pasó" en el diciembre negro santafesino. También cuestiona el "nivel de represión injustificado de las fuerzas de seguridad y su posterior política de encubrimiento e inducción a errores hacia el Poder Judicial". Y por último, pone de relieve las irregularidades de las investigaciones judiciales, que en ocasiones quedaron "meses en manos de la policía sin un control jurisdiccional".
La posibilidad de un cierre definitivo de las causas sin que aparezcan culpables fue el eje central del acto, ya que en la mayoría de las causas se dictó la falta de mérito al personal policial imputado. Lo que, una vez cumplidos los plazos, derivará en un sobreseimiento "vedando la investigación y privando a los familiares de las víctimas del derecho a conocer a los responsables".
La voz de los familiares también se hizo escuchar. Carolina Delgado, de 31 años y hermana del joven asesinado en Necochea y Pasco, Juan Delgado, manifestó que mucha gente del barrio sabe qué pasó pero tiene miedo de hablar ante posibles represalias del personal de la seccional 4ª. "Me siento impotente y creo que el sistema no funciona para la gente pobre. Mi hermano fue a buscar un plato de comida y le arrancaron la vida con sólo 28 años y tres hijos de 3, 4 y 7 años", expresó.
María Martínez, de 19 años, era la compañera de Rubén Pereyra, ultimado en barrio Las Flores. "Lo único que pido es justicia, sobre todo por mi nena de 3 años que ahora se quedó sin la educación que podía darle su papá", pidió la joven. Celeste Lepratti, de 25 años y hermana del militante social Claudio Pocho Lepratti (fusilado en una escuela del mismo barrio) expresó su deseo de que "se sepa la verdad y se cumpla con la ley. El caso de mi hermano es el único con un detenido y el que tuvo más aporte de testigos. En cuanto a las otras víctimas parece muy difícil que se sepa la verdad. Pero el apoyo de la gente por la labor de Claudio en los barrios nos da fuerzas para pensar en positivo".
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La Ciudad
