La tarde del 23 de diciembre de 1992 el país se enteraba del golpe más espectacular contra la banca pública de los últimos tiempos: el robo de 30 millones de pesos al Tesoro del Banco Nación, en la sucursal rosarina del Banco de Santa Fe.
Entre otros acusados de integrar la banda que planeó y ejecutó el robo -tras un arduo trabajo de inteligencia y la intervención de tres falsos inspectores del Banco Central- la Justicia imputó del caso a dos empleados bancarios: el ex titular del tesoro, Norberto Schiavetti, y el empleado Hugo Tenaglia. Los dos fueron absueltos de culpa y cargo en el juicio oral que se cerró el año pasado en los Tribunales Federales de Buenos Aires al demostrarse que fueron engañados por los delincuentes.
Pese a ello, y a casi un año de declararse su inocencia, Tenaglia no logra ser reincorporado a su puesto en el ahora privatizado Banco de Santa Fe. Luego de estar diez años cesanteado sin goce de sueldo ni aportes, desocupado y sobrellevando penurias económicas de todo tipo, el ex portavalores pensó que tras el dictamen judicial su vida volvería a la normalidad y la pesadilla quedaría atrás.
Tenía 33 años cuando fue suspendido en su puesto de auxiliar de firma autorizada. Con dos hijos a cuestas de 10 y 11 años, el ex bancario hizo de todo para sobrevivir con la ayuda de conocidos, familiares y compañeros de trabajo. "Estuve trabajando en la panadería de un amigo, en una agencia de quiniela, haciendo changas, tratando de rebuscármelas y viviendo en un departamento prestado. Yo suponía que una vez terminado el caso volvería a trabajar como algo natural, pero en este país las cosas se complican y tuvimos que hacer reclamos", reveló.
En septiembre del año pasado los abogados Silvina Cescato y Mariano Trevisan presentaron un recurso de amparo ante la jueza de Trabajo Nº 4, Carmen G. Galán, solicitando la reincorporación de Tenaglia a su puesto de trabajo y la declaración de inconstitucionalidad de dos decretos que le impiden volver a trabajar.
El amparo siguió su curso hasta que, el mes pasado, la jueza lo desestimó por considerar que esa "no era la vía idónea" para tramitar un reintegro, sino un juicio ordinario "que es sumamente lento e ineficiente", según planteó Cescato. La magistrada no se expidió sobre la constitucionalidad de los decretos, por lo que el fallo fue apelado y ahora está a disposición de la Cámara de Apelaciones.
Los decretos que mantienen fuera de su puesto a Tenaglia son los 1.250 y 3.378, emitidos por la Legislatura provincial en diciembre de 1998 y junio de 1999, este último cuando ya el nuevo directorio había tomado posesión del banco. Las normas disponen que si Tenaglia y otros tres empleados deciden volver a trabajar, el banco se reserva el derecho de admitirlos.
"Este requisito extraordinario es totalmente discriminatorio. Tenaglia no merece un nuevo golpe del destino", cuestionó Cescato. La letrada sostiene que esas trabas al ingreso de Tenaglia se pusieron aún cuando no había sentencia judicial sobre el tema.
Cescato aseguró, además, que esos decretos no fueron informados a Tenaglia ni publicados en el Boletín Oficial, por lo que deberían carecer de validez.
Sanciones por las dudas
Los casos de bancarios despedidos están atravesados por un "inconveniente legal": "Nuestro régimen jurídico de despido se resuelve invocando una causal (no es necesario que sea un delito, basta con probar una negligencia), o pagando una indemnización. En la Argentina, con un concepto perimido y a diferencia de lo que ocurre en el primer mundo, el patrón no puede ser obligado a tomar a quien no quiere si se demuestra su inocencia", indicó el representante legal de la Asociación Bancaria, Jorge Elías.
Lo cierto es que ante la duda, se sanciona: "Ese es un principio muy común en las empresas y es la mentalidad que impera en muchas de nuestras relaciones laborales. Es un problema muy difícil de solucionar. Porque cuando a alguien lo despiden de un banco, ya nadie lo va a querer tomar".
La Ciudad
