La redolarización de los depósitos está por caer. En las próximas horas la Corte Suprema de Justicia dictará una resolución mediante la cual declararía la inconstitucionalidad de la pesificación, aunque delegaría en el Poder Ejecutivo la elaboración de un mecanismo para restituir depósitos bancarios originalmente pactados en dólares.
De acuerdo a información suministrada por fuentes del alto tribunal, los jueces supremos propiciarán negociaciones entre banqueros y ahorristas pero se abstendrían de brindar órdenes específicas sobre el modo de devolución de los fondos, aunque podrían establecer plazos para ello.
La Corte optó por la demanda que la provincia de San Luis promovió contra el Estado nacional para recuperar colocaciones por 247 millones de dólares, para elaborar su primer pronunciamiento en torno a la pesificación.
El Supremo Tribunal estaría dando lugar al reclamo realizado por la administración puntana contra la pesificación de sus depósitos originalmente realizados en dólares y podría declarar la inconstitucionalidad del decreto 214/02 que consagró esa medida.
El cuerpo ya contaría con los cinco votos necesarios para disponer de la redolarización de los 247 millones de dólares que la provincia había depositado en el Banco Nación, adelantaron voceros tribunalicios.
Los ministros dispuestos a resolver en ese sentido serían Julio Nazareno, Carlos Fayt, Eduardo Moliné O'Connor, Adolfo Vázquez y Guillermo López.
Sin embargo, los voceros no se atrevieron a predecir si la Corte resolverá también el modo y el plazo en el que San Luis recuperará la diferencia entre lo que ya retiró de sus depósitos a 1,40 pesos (sin CER), y la cotización del dólar en el mercado libre en el momento en que efectuó cada extracción.
Las versiones sostienen que el cuerpo dejaría que las partes lleguen a un acuerdo a través de conversaciones bilaterales, sin resolver por sí mismo la instrumentación del reintegro de fondos.
Pese a que siempre se consideró al expediente como una causa especial en virtud del monto involucrado, si el Tribunal resolviera decretar la inconstitucionalidad del decreto 214/02, cabría esperar que el mismo criterio se aplicara al resto de los expedientes en los que se impugnó la norma, entre ellos el caso "Beratz", considerado testigo en el reclamo de los ahorristas.
La sentencia, que sería firmada mañana, sentará jurisprudencia en materia de conversión de depósitos y será inapelable.
Los fallos del máximo tribunal no son "erga homnes", es decir aplicables a todos aquellos envueltos en la misma situación, sino que resuelven los expedientes -pese a las similitudes- uno a uno.
No obstante, también es cierto que la Corte procura mantener un obvio criterio de coherencia, y, si entendiera en el caso San Luis que el decreto 214/02 es inconstitucional, difícilmente podría sostener lo contrario cuando llegue el momento de resolver el expediente Beratz.
Afinando los detalles
El presidente de la Corte, Julio Nazareno, el vice Eduardo Moliné O'Connor y los jueces Juan Carlos Maqueda y Antonio Boggiano permanecían anoche reunidos en el cuarto piso del Palacio de Justicia, donde funciona el tribunal.
Los ministros trabajaban anoche en los últimos detalles de una resolución que definirá la suerte de miles de ahorristas e impondrá un rumbo al sistema bancario y a los planes económicos del gobierno.
Según los voceros, el fallo será firmado hoy en un acuerdo ordinario que comenzará a las 9.
Marca a presión de una gobernadora
Desde San Luis, la gobernadora provincial Alicia Lemme embistió contra el presidente Duhalde, que la semana pasada salió a reprochar las supuestas intenciones de los jueces de gobernar desde los tribunales.
"La actitud demostrada por el presidente de la Nación al referirse al inminente fallo por la redolarización de los ahorros evidencia el avasallamiento de la independencia y autonomía del Poder Judicial en cuanto a sus decisiones. Su proceder corresponde más al de un jefe mafioso que a un Presidente", disparó Lemme.
En su resolución, según los voceros, los ministros consignarán que si bien no corresponde a la Corte opinar sobre la modificación del régimen cambiario, sí está obligada a corregir situaciones incompatibles con la Constitución.
Admitirían que el gobierno de Duhalde pesificó los depósitos en medio de una crisis económica y financiera profunda pero atacarían, por inconstitucional, el remedio elegido por el Poder Ejecutivo.
En el reclamo realizado por la provincia de San Luis la Corte no puede, en caso de tomar una decisión en el encuentro de hoy, decidir sobre otra cosa que no sea el fondo de la cuestión, ya que la provincia desistió el 16 de mayo pasado de la medida cautelar que acompañaba a su presentación.
San Luis planteó en enero de 2002 un amparo contra el corralito y el corralón, y en febrero lo amplió al decreto 214/02, que consagró la pesificación de depósitos en dólares.
El máximo tribunal convocó a tres audiencias de conciliación entre el Estado Nacional y la provincia, que no arrojaron resultados positivos.
Al término de la tercera reunión, San Luis desistió de la medida cautelar, que consistía en la suspensión de los efectos del decreto 214/02 en relación a sus depósitos, e insistió con la inconstitucionalidad de esa norma.
El 19 de septiembre último, el procurador general Nicolás Becerra dictaminó, en términos ambiguos, que la Corte debía "respetar el derecho de propiedad" de San Luis, pero también la facultad del Estado de sancionar instrumentos excepcionales en casos de emergencia.
Desde entonces, se sucedieron los pedidos de "pronto despacho" por parte de los funcionarios puntanos, las visitas de la gobernadora Alicia Lemme al Palacio de Justicia y las infructuosas reuniones de la mandataria con los ministros de la Corte.
La Ciudad
