Semana de decisiones en el crimen de García Belsunce

Con el fin de la feria judicial deben evaluar la recusación contra el fiscal y la anulación de las indagatorias

Buenos Aires.- El caso del asesinato de María Marta García Belsunce ingresa hoy en una semana clave de resoluciones, ya que el juez de Garantías de San Isidro Diego Barroetaveña deberá decidir sobre el intento de apartar al fiscal Diego Molina Pico y los pedidos para anular las indagatorias de los principales sospechosos del encubrimiento del crimen.
Con el fin de la feria judicial, el juez Barroetaveña retomará su actividad tras las vacaciones que comenzó el 17 de enero, tras concederle la exención de prisión a varios de los familiares de la víctima imputados en el encubrimiento del crimen y rechazar los pedidos de detención de otros sospechosos. Durante su ausencia, sin embargo, los principales imputados del encubrimiento desfilaron ante el fiscal Molina Pico para dar su versión de los hechos. Así lo hicieron Carlos Carrascosa, el viudo de María Marta; Horacio García Belsunce (h), su hermano; John Hurtig, el hermanastro, y su padre Constantino; y Guillermo Bártoli, marido de hermanastra Irene Hurtig, todos sospechados de haber destruido el "pituto", que resultó ser el plomo de la única de las seis balas calibre 32 largo que no entró en el cráneo de la mujer.
También debieron declarar los vecinos Nora Taylor y Sergio Binello, sospechados de frenar el ingreso de la policía al country de Pilar donde mataron a la mujer, y el médico Juan Gauvry Gordon, el primer profesional que llegó al lugar del hecho y no advirtió que había sido un homicidio. La única que no declaró fue la masajista Beatriz Michelini, una pieza clave en la reconstrucción del crimen.
Sin embargo, la continuidad del fiscal Molina Pico en la causa está supeditada a la decisión de Barroetaveña, a raíz del pedido de recusación que existe en su contra y que fuera presentado por los abogados José Scelzi y Marcelo Nardi, defensores de los imputados. El juez, ahora, deberá convocar a una audiencia entre el fiscal y los abogados que quieren expulsarlo del proceso para escuchar las versiones de ambos; y luego tiene 48 horas para resolver.
Además, Barroetaveña debe resolver sobre el pedido de nulidad de las declaraciones indagatorias prestadas por los imputados, ya que Nardi y Scelzi habían planteado supuestos vicios constitucionales.
Según la defensa, todas esas declaraciones deberían anularse ya que nacieron de los testimonios que habían prestado en el expediente, bajo el juramento de decir verdad, y cuyos dichos podrían haber servido para autoincriminarse.
En su único pronunciamiento sobre el tema, Barroetaveña había dictado una resolución en la que cuestionó seriamente la actuación de la Policía Bonaerense.(DyN)