La traslación de la fuerza del trabajo de las industrias transformadoras de la materia (de la producción de bienes) a las de servicio provocaron en la última década en el país un dramático cambio de escenario en las condiciones laborales y gremiales de los trabajadores, y se modificaron directamente los porcentajes de su participación en la distribución de la riqueza. Y repercutió también en las estructuras del movimiento obrero organizado, a tal punto que algunos dirigentes sostienen que sólo el 25 por ciento de los empleados están afiliados a algún sindicato, mientras que estadísticas de la Organización Internacional del Trabajo hablan del 31 por ciento. Otros, más conservadores, dan cuenta de un 50 por ciento de afiliación.
Del grueso de las posiciones se decanta una tendencia: la necesidad de recobrar la "libertad sindical" desde el reconocimiento oficial de las nuevas organizaciones, la puesta en vigencia de un Código de Trabajo "transparente", y la vigencia de la reforma de la ley laboral, cuyas primeras interpretaciones de hace una década motivaron decenas de miles de los llamados "contratos basura".
Los recortes salariales, la imposición de una mayor carga horaria y la alteración de la discriminación de las tareas según los convenios sustentados en el equilibrio entre oferta y demanda de mano de obra, fueron disparados por el desempleo de cientos de miles de trabajadores que dejaron las privatizaciones de las empresas estatales (Entel, Gas del Estado, YPF, Fabricaciones Militares, entre otras).
En el encuentro nacional organizado por la Asociación Argentina de Especialistas en Estudios del Trabajo los investigadores Juan Carlos Calcagno y Sonia Gontero, indicaron que los altos niveles de desempleo, el trabajo precario y el ajuste que desplaza la ocupación de la industria a los servicios, trajeron como consecuencia directa la disminución de la sindicalización de los trabajadores.
El estudio devela la escasez de estadísticas sobre afiliación gremial desde las propias estructuras gubernamentales, ya que las encuestas permanentes de hogares no proporcionan ese dato. La CGT también bordea ese estado: la página estadística de su sitio web está en construcción.
Resistencia a la sindicalización
Esta nueva realidad del trabajo también se verifica en las cifras. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), sobre 11,8 millones de ocupados, 798 mil son beneficiarios de planes asistenciales que realizan una contraprestación laboral. Además, el grueso del aumento de la ocupación entre mayo y octubre de 2002 se debió a planes sociales, mientras hubo una reducción de los empleos formales o en blanco. Los beneficiarios de esos planes no son asalariados -aunque realizan una actividad laboral-, no cobran un sueldo sino que reciben una ayuda del Estado de 150 pesos, eso significa que no tienen cobertura de jubilación, obra social y afiliación a estructuras gremiales, situación que el gobierno nacional pretende modificar con planes asistenciales similares a los que prestan las obras sociales.
La estructura actual impone que de una población económicamente activa de 12 millones de personas hay 3,5 millones que no están registradas por sus empleadores, a lo que debe sumarse los 2,5 millones de desocupados, con lo que 6 millones de trabajadores no son abarcados por la seguridad social, ni por alguna forma de agremiación. Una situación que los margina del cobro de indemnizaciones por despidos, atención médica de obras sociales, jubilación y pensión, salario familiar, aguinaldos, y seguros de trabajo y desempleo.
"Menos del 25% de los trabajadores argentinos están sindicalizados", indicó Víctor De Gennaro, secretario general de la Confederación de Trabajadores Argentinos, quien se preocupó en recordar que los jubilados, los empleados con convenios o no, los que trabajan en forma precaria y los desocupados, son integrantes de la fuerza laboral. El dirigente sostuvo que de 12 millones de empleados "sólo cerca de dos millones son afiliados a los sindicatos".
Desde otra óptica, el histórico líder sindical Saúl Ubaldini considera por el contrario que "la situación del movimiento obrero nos muestra que en el país se mantiene un importante grado de sindicalización". Estimó en que un 50 por ciento de los empleados "gozan de los beneficios de estar afiliados a gremios".
La Ciudad
