Si se considera la naturaleza de los crímenes que se produjeron en función de órdenes suyas y el nivel de masividad que alcanzaron, y se relaciona ese bagaje escalofriante con el historial del paso del general (R) Leopoldo Fortunato Galtieri por los estrados judiciales argentinos, puede decirse que al impiadoso hombre de armas (como a muchos de sus pares) no le fue tan mal en su cabalgata para escapar del brazo de la Justicia.
Incluso llegó a eludir en noviembre de 2001 una citación que la Cámara Federal de Rosario ordenó que le realizara el juez Carlos Carrillo, en la causa por la verdad histórica de lo sucedido con el psiquiatra rosarino Alejandro Pastorini.
"Sólo la mente humana es capaz de imaginar, diseñar y ejecutar los horrores que en estas causas se describen". Así comienzan los razonamientos jurídicos que obran en el auto de procesamiento y pedido de captura internacional de este militar cultor de la picana que firmó en 1997 el juez de la Audiencia española Baltasar Garzón.
Esta disposición del magistrado español, que fue sistemáticamente rechazada por los sucesivos gobierno argentinos apelando al principio de territorialidad, tuvo para Galtieri el efecto de convertir a la Argentina en una gran cárcel, ya que corría el riesgo de ser capturado por Interpol si asomaba las narices fuera de nuestra extensa línea de frontera.
De acuerdo a lo que publicó por esos días La Capital, fue acusado por el juez español como responsable de diez desapariciones de ciudadanos españoles.
Sin embargo, estas imputaciones sólo constituían el seis por ciento de los crímenes de los que era responsable por privación ilegítima de la libertad, secuestro, torturas y muertes.
El artífice político y militar de la derrota argentina en Malvinas fue acusado en el año 1985, durante el Juicio a las Juntas, por 242 encubrimientos y 11 privaciones ilegales de libertad calificadas, 8 reducciones a la servidumbre, 15 falsedades ideológicas, una sustracción de menor y 3 tormentos. Pidieron para él 15 años de reclusión.
Los jueces de la Cámara Federal de Apelaciones de la Capital Federal lo absolvieron de culpa y cargo el 9 de diciembre de 1985.
Galtieri saboreó por esos años otro trago de impunidad el 23 de noviembre de 1989, cuando, según consta en el folio 10.233 de la Causa Feced, se resolvió "ordenar el archivo de estos autos", luego de conocerse el decreto de indulto presidencial 1002/89.
En realidad, fue responsable -además de los 169 delitos que le imputó la Justicia federal rosarina- de 1.800 detenciones en jurisdicción del II Cuerpo de Ejército a su mando y de todas las aberraciones sucedidas en por lo menos siete centros clandestinos de detención que funcionaron en la zona del Gran Rosario: la propia sede del Comando del II Cuerpo, la Fábrica Militar de Armas Domingo Matheu, el Servicio de Informaciones de la Jefatura, La Calamita, la Quinta de Funes y la Escuela Técnica Osvaldo Magnasco. Toda una foja de servicios.
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La Ciudad
