"Esperamos llegar a un acuerdo para mediados de febrero". Quizás aquel 6 de enero de 2002 en sus primeras declaraciones como ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov no sospechaba que se aprestaba a comenzar la negociación más prolongada que el Fondo haya mantenido jamás con alguno de sus países asociados. Los contactos telefónicos y hasta personales de Remes y su viceministro Jorge Todesca con la cúpula del Fondo Monetario Internacional no dieron los resultados esperados por una conducción política que se tomó su tiempo para convencerse de que el acuerdo no sería una cosa fácil. El cambio de Bill Clinton por George W. Bush en el gobierno de los Estados Unidos y del tándem Michel Camdessus-Stanley Fisher por el de Horst Köhler-Anne Krueger en el FMI implicaron un viraje en la política hacia los países emergentes: las exigencias para otorgar préstamos de fondos frescos se multiplicarían, al compás de los nuevos vientos republicanos. El entonces secretario del Tesoro, Paul O’Neill, resumió ese giro con una recordada frase en la que argumentaba que no podía resignar el bienestar de los plomeros y carpinteros de su país en beneficio de países que vivían siempre de prestado. En Buenos Aires, algunos funcionarios confundieron el cambio de actitud con las habituales "chicanas" de cualquier negociación y hasta se ilusionaron con préstamos mayores a los del blindaje. La ilusión fue efímera. En esta ocasión, el FMI no se conformaba con las habituales pautas de déficit fiscal y reclamaba cambios en la legislación, como en el caso de quiebras y subversión económica. Hubo que esperar hasta el 28 de junio para que Köhler anunciara el inicio de "negociaciones activas" con el país. Ya por entonces, sus interlocutores no eran Remes ni Todesca, quienes hacía dos meses habían cedido sus espacios a Roberto Lavagna y Guillermo Nielsen. Días después, el Fondo da una tímida señal al extender por un año un vencimiento de 985 millones de dólares. Con la incontinencia verbal que los caracteriza, algunos funcionarios creyeron que el acuerdo era cuestión de poco tiempo. Sin embargo, Köhler y Krueger repetían que la Argentina debía presentar "un programa económico sustentable" como requisito. Desde la Argentina no se quedaron atrás con las declaraciones, con quejas al Fondo por "correr el arco" y la estigmatización de Krueger como la "dura" que impedía la firma del acuerdo. El 14 de noviembre el gobierno resolvió no utilizar sus reservas para el pago de un vencimiento de 805 millones de dólares con el Banco Mundial. La actitud se repetiría el 13 de diciembre y pasó a convertirse en el arma argentina en el último tramo de la negociación: si el FMI no cede en sus posiciones, el resto de los organismos multilaterales se vería perjudicados en sus calificaciones. Sobre el cierre de 2002, los países del G7 instaron a la cúpula del Fondo a cerrar un acuerdo con la Argentina. El mismo parecía más cerca que nunca luego de ese apoyo político. No obstante, las incontables veces en que el acuerdo se dio por seguro convencieron al presidente Duhalde a inclinarse por la prudencia en las declaraciones. Al punto que fue Dawson ayer el encargado de dar la noticia.
| |