La departamental Rosario del justicialismo avaló anoche el pedido de expulsión de los concejales Evaristo Monti, José Elmir y Eugenio Camiletti que se produjo en la reunión del consejo ejecutivo provincial del PJ realizada el mediodía en Santa Fe, donde también se giró al tribunal de disciplina la solicitud de la misma sanción para los ediles capitalinos Juan Carlos Bettanín, Alfredo Hediger y Gerardo Crespi.
Asimismo, la departamental Rosario, además de respaldar el reclamo de expulsión de los tres ediles que levantaron su mano posibilitando la elección como presidente del Concejo del radical Rafael Ielpi, exigió al máximo órgano partidario que se les prohíba taxativamente a estos concejales la utilización de cualquier sigla partidaria para denominar su bloque, actualmente denominado Peronista.
La resolución de la departamental se precipitó luego de la reunión del consejo provincial donde el pedido de expulsión había sido reclamado por los concejales justicialistas (también de Rosario) Agustín Rossi, Luisa Donni, Fernando Burgoa, Oscar Larrauri y Nora Pereyra.
Originalmente el encuentro que se realizó en la sede de calle Sarmiento al 1700, había sido convocado para informar de lo ocurrido en Santa Fe, según indicó su titular Rubén Dunda, pero a poco de comenzar las deliberaciones los delegados departamentales exigieron profundizar el planteo y avalar el pedido de expulsión, lo que finalmente fue aprobado por unanimidad.
También trascendió que en la reunión -realizada a puertas cerradas- hubo cierto malestar con Dunda por su "tibieza" en el cónclave de Santa Fe y una fuente señaló a La Capital que el titular de la departamental "tendría un acuerdo con Monti", quien le habría "ofrecido ocupar la Oficina Municipal del Consumidor".
Previamente, en Santa Fe, el consejo provincial había aceptado el pedido de licencia de Angel Baltuzzi a la titularidad partidaria, por lo que su lugar ahora lo ocupa Julio Gutiérrez.
Durante las deliberaciones celebradas en Crespo al 2400 de la capital provincial, se resolvió además convocar para el viernes 27 del corriente al congreso provincial partidario, al que se solicita que fije fecha para la realización de las elecciones internas, proponiéndose para ello la fecha del 29 de junio del año próximo.
Respecto de la situación de los ediles rosarinos y de los otros casos similares denunciados en la provincia, se acordó por unanimidad pasar las actuaciones al tribunal de disciplina del PJ para que "en términos perentorios" -sus conclusiones serán tratadas en el encuentro del congreso provincial convocado para el día 27- analice tales situaciones.
Sobre la convocatoria a internas para junio del año próximo, Gutiérrez explicó que el mandato de las actuales autoridades partidarias vence en marzo, pero que el congreso está facultado para extender los plazos. La conducción provincial alienta esto último a fin de que en esos comicios se vote por nuevas autoridades así como por las candidaturas a diputados y senadores nacionales.
Razones del planteo
El pedido de sanción a Monti, Elmir y Camiletti, impulsado por Donni, Burgoa, Rossi, Pereyra y Larrauri recordó que "las últimas elecciones realizadas en octubre de 2001 fueron ganadas en la ciudad de Rosario por el Partido Justicialista y sus aliados", acontecimiento al que califican de "histórico" y que dio como consecuencia que el peronismo obtuviera la presidencia del Concejo Municipal.
Al plantearse la renovación de autoridades, cuyos mandatos se extenderán hasta el año próximo ("año electoral", se subraya), los ediles denunciantes interpretaron que correspondía "como única alternativa válida", mantener a un peronista al frente del organismo y precisaron que seis de ellos resolvieron reelegir a Donni.
La misma posición, se indicó en la nota, asumieron los representantes del Partido del Progreso Social (la agrupación de Héctor Cavallero) y el sector del radicalismo que responde a Horacio Usandizaga, pero "termina ganando Ielpi", quien contó con el apoyo socialista y de la minoría de la UCR, así como de Monti, Elmir y Camiletti que -afirmaron los denunciantes- "no respetaron los compromisos asumidos" y votaron por el edil opositor.
"Esta actitud reñida con la ética y la moral -destacaron- provocó que no sólo se perdiera la presidencia del Concejo de Rosario, sino que además produjo un daño irreparable ante los sectores involucrados y un perjuicio ante la opinión popular".
Los ediles interpretaron además que el hecho puede proyectarse a los próximos comicios "con imprevisibles consecuencias".
La conducción provincial del PJ en pleno, antes de reunirse en la sede de calle Crespo, concurrió a la Casa de Gobierno donde mantuvo una extensa reunión con el gobernador Carlos Reutemann, quien -al decir del propio Gutiérrez- avaló las medidas que más tarde se tomaron.
La Ciudad
