El subsecretario de Seguridad puso en aprietos a la diputada Alarcón

El supuesto informe de inteligencia que registra a policías, legisladores y periodistas como eventuales simpatizantes de la Asociación Profesional Policial (Apropol), más conocida como el gremio de uniformados cuya creación no se autoriza, puso al gobierno provincial al borde de un ataque de nervios. El subsecretario de Seguridad Pública, Enrique Alvarez, dijo que se trata de "carne podrida", tras lo cual complicó la situación de la diputada nacional de PJ María del Carmen Alarcón por los presuntos pedidos de coimas a aspirantes a ingresar a la fuerza.
Legisladores opositores solicitaron al titular de la Cámara de Diputados, Alberto Hammerly, una urgente reunión especial para determinar si existió el espionaje que se atribuye a los hombres de Alvarez y a la policía, sin que el oficialismo haya tenido espacio para negarse.
La sesión, que se realizará mañana, dará inicio al período de sesiones extraordinarias. En tanto, para hoy se prevé una reunión entre el ministro de Gobierno, Esteban Borgonovo, y el radical Alberto Beccani, entre otros senadores.
El jefe de la policía, Ricardo Milicic, le dijo a La Capital que en ningún momento recibió directivas por parte de Alvarez o el ala política del gobierno para realizar tareas de seguimiento. Y aclaró que él tampoco ordenó "ninguna medida que haga presuponer una persecución ideológica".
Milicic precisó que, tras la aparición pública de esta documentación, se ordenó el secuestro de los sellos del Departamento de Informaciones (D-2) como aseguramiento de prueba y que todo quedó en manos del juez José Manuel García Porta.
También indicó que actualmente la fuerza, en especial el D-2, se dedica exclusivamente al análisis criminal y que "no se detectaron rémoras del pasado, en donde este tipo de hechos era moneda corriente".
Por su parte, Alvarez no vaciló en calificar de "trucha" y de "carne podrida" a la documentación que integrantes de Apropol hicieron llegar a García Porta, en la cual se exhiben supuestas funciones de seguimiento actualmente a cargo de organismos policíales.
Además, calificó como un "disparate" la sesión extraordinaria en Diputados, potenciando el malestar de opositores. Esta sensación se trasladó a la prensa santafesina y a distintas organizaciones mencionadas en la documentación.
Alvarez también comprometió la situación de Alarcón, al sostener que los 15 recomendados en la nota que le envió legisladora negaron enfáticamente haber sido víctimas de pedidos de coima para poder ingresar a la policía.
Afiliados a Apropol denunciaron a Alarcón por tráfico de influencias y difundieron una carta en la que la diputada aconsejaba el ingreso a la fuerza de 15 aspirantes. La legisladora se defendió: dijo que su actitud fue una intermediación para evitar que a los jóvenes se les exigiera a cambio el pago de coimas.
Alarcón no denunció, como es su obligación legal, el supuesto intento de cohecho y actualmente es investigada por la Justicia.