Reforma polémica. Duro rechazo a la reducción de bancas

Ediles santafesinos en estado de rebeldía

Opositores y disidentes del PJ irán a la Justicia y llamarían a una Estatuyente municipal. Reacción en Rosario

Atilio Pravisani - Javier Felcaro / La Capital

Los ediles santafesinos de los bloques opositores, más tres peronistas disidentes, le declararon ayer la guerra a la reforma política que reduce las bancas tanto en ese Concejo como en el de Rosario: presentarán sendos recursos de amparo ante la Justicia provincial y federal si el gobernador Carlos Reutemann la promulga. También anunciaron el llamado a una Convención Municipal Estatuyente para consagrar su autonomía. Lógicamente, la novedad conmovió al Palacio Vasallo. Aunque la expectativa se centrará hoy en la Casa Gris, donde decidirán si se irá a fondo con la poda (ver aparte).
El anuncio tuvo como escenario el Concejo santafesino. Allí se presentó el prestigioso constitucionalista Antonio Hernández, quien está asesorando a los ediles. "La ley sancionada por la Legislatura viola la Carta Magna nacional en lo que hace al concepto de autonomía municipal", enfatizó el abogado cordobés.
Hernández explicó que se "promoverán tres acciones que apuntan al cumplimiento del artículo 123". Una de ellas será exclusivamente legislativa: la convocatoria a una Estatuyente.
De este modo, los habitantes de Santa Fe "podrían elegir los convencionales como en otras 110 ciudades argentinas, ejercitar sus poderes constituyentes en materia municipal y definir el que corresponda a Santa Fe".
Hernández analizó luego los otros dos caminos: la presentación de un amparo ante la Justicia provincial con el objetivo de establecer la inconstitucionalidad de la ley y la radicación en el fuero federal de una acción declarativa de certeza.
Esta última "apuntaría a la declaración de inconstitucionalidad de la ley y de la propia Carta Magna provincial, que no se ha adecuado en modo alguno a la nacional", precisó el letrado.
Las dos medidas se concretarán en forma inmediata a la promulgación de la reforma política, lo que podría provocar un efecto dominó y generar un nuevo revulsivo político en la provincia.
La ley sancionada por la Legislatura contempla la reducción a la mitad de los cuerpos deliberativos de Santa Fe y Rosario. Y dispone que los municipios de primera categoría elegirán 10 ediles por los primeros 200 mil habitantes, a los que se agregará un concejal por 60 mil habitantes o fracción no inferior a 30 mil.
Lo cierto es que Rosario, que hoy cuenta con 42 concejales en el Palacio Vasallo, pasará a tener 22, mientras que en la capital provincial serán 12 ó 13 ediles en lugar de los 23 actuales, una medida acorde con la petición ciudadana de achicar el gasto político.
Sorprendida, la presidenta del Concejo rosarino, Luisa Donni (PJ), le aclaró a La Capital que "no hay ninguna iniciativa, por lo menos que yo conozca, en ese sentido". Si bien coincidió "en líneas generales" con la reducción de ediles, recordó que "en su momento expresé que había que aumentar un poquito el número de 22". Además, compartió el deseo de autonomía, "tal como lo establece la Constitución nacional", aunque puntualizó que "antes se debe reformar la Carta Magna provincial".
El edil oficialista Sergio Liberati consideró "positiva" la movida y, tras reconocer que el rumor ya circulaba por el Palacio, afirmó que "aún no hay nada en concreto". También aprovechó para insistir en que "los retoques a la ley de lemas, que debe ser derogada, y la reducción de los Concejos forman parte de una estrategia del PJ para avanzar sobre Rosario".
Su par radical Pablo Cribioli avaló las acciones judiciales. Es más: aseguró que al tema "hay que evaluarlo seriamente" y confirmó que su bloque está analizando junto a "especialistas" la posibilidad de apelar a esa vía.
Cribioli sí puso reparos frente al eventual llamado a una Estatuyente municipal: "No es el camino ideal, así como considero un parche desgraciado la simple reducción de concejales. Es importante como gesto político, pero no alcanza. Hay que reformar la Carta Magna provincial y, dentro de ella, tratar la autonomía".
En Santa Fe, el hecho político más significativo fue la adhesión de los concejales disidentes del PJ Juan Carlos Bettanin, Gerardo Crespi y José Luis Yódice, quienes estamparon su firma junto a los opositores.
También se encontraban el presidente del cuerpo, Darío Boscarol, y la socialista Marta Fassino, entre otros. Fueron 13 las firmas conseguidas para el recurso de amparo. Luego intentarán plasmarlas en una ordenanza para llamar a una Convención Estatuyente.