Caso Storni: Vence el plazo para que apelen curas procesados

Santa Fe. - Hoy vence el plazo para que los integrantes de la plana mayor de la Iglesia santafesina durante la gestión de monseñor Edgardo Gabriel Storni puedan apelar el inédito procesamiento que les impuso el juez de instrucción, Julio César Costa, en la causa en la que se coaccionó al anciano sacerdote José Guntern.
Ese hecho, en el que todavía falta que el juez determine el real grado de responsabilidad que le cupo a monseñor Storni, presente en el edificio del Arzobispado la noche del 22 de agosto pasado, en la que "por orden del entonces arzobispo se convocó a Guntern y bajo presión y amenazas se lo obligó a retractarse de su relato sobre una actitud en la que el prelado surgía comprometido en un intento de acosar a un seminarista, dio marco al inédito procesamiento que Costa les impuso a los ex vicarios, general Hugo Capello; de la Pastoral Social, Edgard Stoffel; para la Educación, Mario Grassi y el secretario privado del monseñor, Marcelo Mateo.
Costa encontró semiplena prueba de la comisión del delito por el que estaban imputados lo que lo llevó a dictar el auto de procesamiento que también alcanzó al escribano Ricardo Chaminaud, el profesional que convalidó con su firma las actas en las que se registró la retractación arrancada a la fuerza a Guntern.

Apelaciones
Los sacerdotes Mateo, Capello y Grassi ya apelaron el procesamiento que les dictó Costa. Se espera que hoy, antes de que venza el plazo, harán los propio los demás procesados: Stoffel y el escribano Chaminaud, y será la Sala 4ª de la Cámara de Apelaciones la que tendrá a su cargo la resolución de las apelaciones. En ese sentido, el tribunal de alzada puede confirmar la decisión del juez de instrucción, anular o plantear modificaciones en las imputaciones realizadas.
El argumento de la defensa afirma que no existió la coacción a Guntern por la que Costa procesó a los jerarcas de Storni, aunque no explican por qué el anciano sacerdote salió del Arzobispado aquella noche y formalizó una denuncia en sede policial diciendo precisamente que había sido víctima de presión y amenazas que lo llevaron a firmar dos documentos que ni siquiera se les permitió leer mientras se le proferían gruesos epítetos y advertencias de daños posteriores para el caso en que se negara a realizar lo que se le pedía.