Desde hoy rigen los aumentos del 9% para las tarifas de electricidad y 7,2% para el gas, según lo dispuesto por el decreto firmado por el presidente Eduardo Duhalde. En el caso de la energía, el traslado de esa suba será parcial en Santa Fe ya que, según anticipó el interventor de la EPE, Antonio Caro, el aumento abarcará a los grandes usuarios.
En el caso de Litoral Gas, voceros de la compañía se excusaron de adelantar cualquier decisión sobre movimientos tarifarios "hasta no tener la comunicación oficial del texto del decreto" ya que "hasta ahora se sabe lo que salió en los diarios".
Los ajustes fueron recibidos con insatisfacción por las empresas privatizadas, que esperaban un incremento mayor, y con malestar por parte de las entidades de consumidores, desde donde se estudia la posibilidad de realizar una presentación judicial para frenar los aumentos.
Francisco Mezzadri, responsable de CNS Energy, afirmó ayer que "los aumentos no alcanzan" y estimó que si bien el gobierno autorizará por vía de un decreto el ajuste, los montos otorgados "son muy escasos".
Según el directivo de la Cámara Argentinas de Inversores del sector eléctrico, el alza propuesta en las tarifas "tiene sí la fuerza para acercar recursos a una situación de caja de las empresas (privatizadas) que está complicada".
Diferentes asociaciones de consumidores y la Defensoría del Pueblo porteño estudian la posibilidad de presentar en breve un recurso ante la Justicia para detener el alcance de la medida adoptada por el Poder Ejecutivo por considerar esto inconstitucional.
"Vamos a ir a la Justicia porque el presidente de la Nación, Eduardo Duhalde, con este decreto que habilita un ajuste de tarifas, confirma que en nuestro país la ilicitud es el patrón del gobierno y las empresas", dijo Sandra González, de la Asociación de Defensa de los Usuarios y Consumidores de Argentina (Adecua).
Horas atrás, fue el propio presidente Eduardo Duhalde quien confirmó la firma del decreto que promovería incrementos de "2,5 pesos por mes en la electricidad y 1,70 pesos en el gas" para la gran mayoría de los clientes que empleen estos servicios, ya que estarán exentos los de menores recursos.
Para defender la posición de las empresas eléctrica, Mezzadri afirmó que "las tarifas están congeladas tras la devaluación y pesificación y en muchos costos que deben pagar las empresas esto no sucedió, ya que estamos pagando insumos en dólares".
El directivo empresario manifestó que las compañías en las firmas que se encargan de producir y distribuir la electricidad y gas "están teniendo dificultades de caja, y se están recortando los gastos, para llegar a un punto en el que el mantenimiento no se podrá realizar".
Tras lo dispuesto por el Ejecutivo, el aumento en las tarifas promedio será del nueve por ciento en el caso de la electricidad.
En lo que respecta al sector del gas, casi seis millones de usuarios serán los que sufran un alza del 7,2% en sus facturas.
En tanto, tal como dispuso oportunamente el Ministerio de Economía los usuarios de menores consumos no se verán afectados por el aumento, el cual será compensado por los pagos que realicen el resto de los clientes.
El borrador del decreto contemplando el aumento tarifario fue elaborado por el ministro de Economía, Roberto Lavagna, antes de viajar a Europa, donde se reunió con autoridades y empresarios que más intereses tienen en materia de servicios públicos privatizados en Argentina.
Luego de una serie de entredichos entre el ala política y el ala económica del gobierno, el presidente Eduardo Duhalde finalmente decidió la suba del gas y la electricidad, en lo que marca el inicio de un aumento en diferentes rubros, como el caso de los peajes, agua y telefonía básica.
Si bien el incremento tarifario es una de las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI), el gobierno aseguró desde un principio que los aumentos estarían por debajo del 30% reclamado por el organismo multilateral de crédito.
Las empresas temen ahora una avalancha de medidas judiciales contra los decretos, luego del fracaso de dos intentos por convocar a audiencias públicas para tratar el nuevo cronograma tarifario.
Uno de los temores más fuertes que existen en el gobierno y los consumidores en general es el impacto del aumento en la inflación, ya que los servicios eran hasta ahora el principal anclaje que tenía el Indice de Precios al Consumidor.
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La Ciudad
