El trámite de la Corte Suprema de Justicia para decidir sobre la constitucionalidad de la pesificación de los depósitos comenzó a tomar el camino del escándalo. El juez Carlos Fayt, uno de los integrantes del máximo tribunal, ordenó ayer una investigación interna para determinar quién filtró a la prensa el borrador de su dictamen a favor de la redolarización. Es que la trascendencia pública de su voto, que garantiza la mayoría para declarar inconstitucional la conversión a pesos de los fondos atrapados en el sistema financiero, abre las puertas a una recusación por parte del gobierno y los bancos.
Esta alternativa aún no fue enunciada desde las esferas oficiales. Por el contrario, el ministro de Economía, Roberto Lavagna, aseguró que "no hay ningún indicio de que la Corte decida exigir a los bancos la devolución en su moneda de origen de los depósitos pactados en dólares".
Desde Madrid, última escala de su gira europea, relativizó las versiones respecto de que el máximo tribunal ya tendría decidido fallar a favor de la redolarización. Dijo que se trata de especulaciones "para llenar espacio en los diarios" y que "la Corte no trabaja a través de los diarios, lo mejor que se puede hacer es evitar alarmar inútilmente".
Esta débil explicación pareció destinada, más que a hacer un análisis serio de la situación, a operar en la otra interna que abrió el controvertido tema de la posible redolarización de depósitos: la que mantiene con el presidente del Banco Central, Aldo Pignanelli.
Pignanelli aseguró esta semana que un fallo en contra de la pesificación, que además obligue a los bancos a devolver en forma inmediata los fondos en su moneda de origen, provocaría "un caos". Luego, se pronunció a favor de la instrumentación de un bono compulsivo.
Desde el Palacio de Hacienda, salieron a cruzarlo duro. Insistieron con su rechazo a esa alternativa y aseguraron que la mejor alternativa para los ahorristas es el canje de bonos optativo, como hasta ahora.
El subgerente general del Banco Central, Alejandro Henke, opinó ayer que "en términos de justicia, quizá sea correcta una resolución de la Corte que restituya a los ahorristas sus fondos en moneda original pero alertó que las consecuencias de la redolarización pueden ser caóticas". Y precisó que "hoy quedan depósitos reprogramados por unos 12 mil millones de dólares y hay reservas por 10 mil millones".
La maraña judicial
La Corte, que sentaría su postura al fallar en favor de la ahorrista de Bahía Blanca Mirta Beratz, no ha definido aún si propondrá algún instrumento para la devolución de los depósitos, si delegará esas facultades en los jueces de primera instancia o recurrirá a otra alternativa.
Henke se inclinó por impulsar un acuerdo para fijar "un pago en cuotas" por parte de "los propios bancos" a los depositantes. De todos modos, aclaró que "prevalecerá el criterio que la Corte fije" ya que "como no le gusta al Banco Central que no respeten nuestra independencia, a nosotros tampoco nos gustaría violar la independencia" del máximo tribunal.
Precisamente, el juez Fayt aclaró ayer que "la Corte jamás emitiría un fallo que provocar el caos en el país".
El presidente de la Corte, Julio Nazareno (actualmente con licencia), el vice Eduardo Moliné O'Connor y los ministros Guillermo López y Adolfo Vázquez ya han elaborado sus borradores en rechazo a la pesificación. El juez Enrique Petracchi se excusó por ser dueño de depósitos confiscados. Y los dos restantes ministros de la Corte, Antonio Boggiano y Augusto Belluscio, respaldarían la pesificación.
La mayoría sustentaría su resolución en la ley de intangibilidad de los depósitos, vigente al momento de la instauración del corralito y en la violación del derecho de propiedad, tema al que ya se refirió la Corte cuando, en febrero pasado, declaró la inconstitucionalidad de la retención de depósitos en los bancos.
Se presume que una eventual recusación a Fayt demoraría el fallo posiblemente hasta febrero.
Fayt anticipó que hará modificaciones al borrador que trascendió porque, al salir publicado "en los diarios y en Internet", mantenerlo igual sería prejuzgamiento. De todos modos, aclaró que las enmiendas "no alterarán la esencia" de su postura en favor de la redolarización de depósitos.
Fantasmas en la Corte
El juez sostuvo que "en 19 años que llevo en la Corte jamás anticipé un voto" y manifestó su indignación por la difusión del borrador. "No he sido yo", se defendió, y confirmó que ordenó una investigación ante el Cuerpo de Auditores "para determinar quién es el responsable de esta falta grave".
El ministro también descartó que el responsable de la difusión de su proyecto haya sido uno de sus colegas: "Sería una injuria que yo pensara que uno de mis pares hubiera violado esos códigos que debemos respetar".
No obstante, reconoció que sólo los ministros que estuvieron en el acuerdo celebrado el martes último, más la secretaria letrada del presidente de la Corte (Julio Nazareno está de viaje en México) tenían copia del texto.
La investigación que promovió Fayt por la filtración seguirá un derrotero procesal complicado, durante el cual el juez no volverá a tomar contacto con las actuaciones. La Secretaría de Auditores abrirá un expediente y, tras un primer análisis, elevará al Acuerdo de Ministros un informe preliminar. Serán los jueces los que resuelvan si el expediente sigue adelante o se archiva.
En el caso de profundizar la investigación, el expediente volverá a Auditores y se abrirá a prueba. El cuerpo elaborará un dictamen que, en última instancia, deberá ser aprobado o rechazado nuevamente por los ministros en acuerdo general. En esa instancia, Fayt deberá abstenerse de votar, aunque estará facultado para objetar la decisión final ante sus pares.
Hoy el juez insistió en que el borrador que presentó el martes a sus colegas es de carácter provisional.
"Lo entregué a cada ministro pidiendo expresamente que lo mantuvieran en reserva. Era un documento para discutir, incluso les dije que si alguno tenía una idea que lo mejorara, estaba dispuesto a analizarlo", señaló.
La Ciudad
