"Desalojen". Este fue el mensaje que Huberto Roviralta mandó ayer a los ocupantes de un par de terrenos ubicados en bulevar Oroño y Presidente Quintana que viven allí desde hace años. El polista, conocido por su escandalosa relación con Susana Giménez, debía presentarse a una audiencia de conciliación con esas personas ante un juez local, pero no se molestó en viajar hasta Rosario y fijó su posición desde Buenos Aires a través de un par de abogados. Los ocupantes escucharon y luego retrucaron: "Si el Estado no nos da un lugar para vivir, de esos terrenos no nos vamos". La brecha entre ambas partes parece anunciar un conflicto que podría terminar en un desalojo, quizás por la fuerza, en unas pocas semanas.
El encuentro entre Roviralta y los ocupantes de los terrenos que heredó de un tío abuelo muy rico llamado Arturo Wenceslao Escalante tenía el sentido de acercar posiciones. Es que aquel quiere los lotes y éstos no tienen a dónde ir. Pero en la audiencia de conciliación de ayer no hubo ni siquiera un principio de acuerdo, y al final el juez Eduardo Arichuluaga, que interviene a pedido del ex marido de Susana Giménez, tomó una decisión que apenas dilata la cuestión por unos días: abrió un cuarto intermedio hasta el 5 de diciembre.
En ese lapso las partes deberían tratar de acercar posiciones, algo que difícilmente suceda después de lo que ocurrió ayer en el despacho de Arichuluaga. "El juez ya tomó la decisión de desalojarnos pero todavía no quiere decirlo", fue la interpretación que hizo uno de los vecinos al salir de los Tribunales. La sensación de todos era la misma: después del 5 de diciembre el magistrado firmará la orden de desalojo porque el derecho de propiedad de Roviralta sería indiscutible.
Los ocupantes admiten que no son los dueños de los lotes pero defienden su derecho a quedarse o, en su defecto, a ser reubicados en viviendas construidas por el Servicio Público de la Vivienda o la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo. "Si nos dan los terrenos y los materiales, hasta estamos dispuestos a construir nosotros mismos nuestras casas", dijeron ayer a este diario.
El problema es que el tema no parece estar en la agenda de esos organismos oficiales. El juez Arichuluaga había convocado a sus representantes para buscar entre todos algún principio de solución que evitara el desalojo, pero ningún funcionario ni apoderado legal acudió a la cita.
En Oroño y Quintana hay dos terrenos heredados por Roviralta y ocupados por varias familias, pero en la ciudad habría muchos otros que pertenecen al ex de Susana Giménez y se dice que en otros puntos de la provincia habría más. Además, hay situaciones muy irregulares como el caso de una familia cuya casa se levanta en parte en un terreno del Plan Lote (la cocina y el comedor) y en parte en las tierras reclamadas por Roviralta (los dormitorios).
Los límites entre tierras fiscales (Plan Lote y del ferrocarril) son más que borrosos y ni siquiera estaría claro cuántos metros pertenecieron a Escalante y cuántos al Estado y sus distintos organismos. Los abogados Erik Daza y Marcelo Cerrudo, que representan a algunas de las personas que serán desplazadas, sostienen que la solución es política.
Los vecinos resisten
En el barrio, en tanto, la vida continúa pese a la embestida de Roviralta. Los vecinos mantienen un comedor comunitario, que sostienen con la ayuda de los comerciantes del vecindario y el aporte de aquellos que poseen un subsidio para jefes y jefas de hogar desocupados.
"Ponemos un poquito cada uno y así le damos de comer a unos 200 chicos", contaron ayer habitantes del barrio en cuestión mientras se manifestaban frente a los Tribunales.
El próximo encuentro será el 5 de diciembre próximo. Después habrá pocas alternativas. "Quiero que se vayan", avisó ayer el dueño de los terrenos con el aval que le otorgaría la voluntad expresada por Escalante.
Los ocupantes, en tanto, prometen dar pelea en el barrio que se resisten a abandonar , porque la del expediente judicial ya la consideran perdida.
La Ciudad
