Sancionaron al policía que denunció tráfico de influencias en Santa Fe

El oficial Miguel Zalazar contraatacó pidiendo en la Justicia la citación de la diputada Alarcón

Atilio Pravisani / La Capital

El oficial auxiliar Miguel Orlando Zalazar, integrante de la Asociación Profesional Policial (Apropol), quien denunció un tráfico de influencias en los trámites de ingreso a la fuerza involucrando a la diputada nacional María del Carmen Alarcón (PJ), fue pasado disponibilidad, con privación de uso del arma y credencial -además de reducción salarial-, por una resolución del titular de la Unidad Regional I, comisario Osvaldo Miranda, por considerarlo incurso "en faltas graves de las previstas en el régimen disciplinario policial", a lo que se sumó la iniciación de un sumario administrativo.
Pero Zalazar pidió ayer mismo al fiscal penal en turno, José Luis Paz, que se cite a Alarcón y a los 15 jóvenes recomendados para ingresar a la policía, por sus declaraciones denunciando que integrantes de la fuerza de seguridad cobraban coimas, exigiendo el primer sueldo a los aspirantes a cambio de la entrega de una solicitud para el referido ingreso.
La denuncia efectuada por el oficial auxiliar sobre irregularidades existentes en los trámites de ingreso a la repartición y la participación del poder político a través de influencias, considerado como hecho grave por el titular de la URI, generó como contrapartida una denuncia por parte de la diputada Alarcón sobre exigencias de un determinado pago para recibir una solicitud de ingreso, lo que sin embargo no se menciona en la resolución de Miranda.
Este elemento fue justamente lo que determinó ayer por la tarde la presentación del dirigente de la Apropol ante la Fiscalía en lo Penal de turno por considerar que las declaraciones de la legisladora hacen referencia a una supuesta acción delictiva por parte de agentes de la repartición en la propia Jefatura de Policía y que se torna imperativo convocar tanto a ella como a los jóvenes postulantes, ya que fueron ellos los que le habrían informado sobre el intento de cohecho.
Tal como lo consignara La Capital, la legisladora del PJ había admitido el envío al subsecretario de Seguridad, Enrique Alvarez, de una nota recomendando a quince jóvenes para el ingreso a la Escuela de Policía, pero también puso al descubierto una supuesta coima por parte de agentes de la policía que se habría solicitado a varios de los recomendados.
Según la legisladora se les habría exigido el primer sueldo -unos 500 pesos- en contraprestación por una solicitud de ingreso.
De todas maneras, Zalazar no solamente se quedó con la presentación ante la Fiscalía, sino que además fue al Centro de Asistencia a la Víctima, de la Defensoría del Pueblo, donde hizo entrega de un documento para que ese organismo lo derive al Instituto Nacional contra la Discriminación, Racismo y Xenofobia (Inae) por considerarse discriminado en su condición de dirigente de la Asociación Profesional Policial.
También ayer el oficial auxiliar remitió una nota al subjefe de policía, comisario general Jorge Victorio Arias, informándole sobre "irregularidades en la institución" donde dijo que "en forma sistemática se me han iniciada actuaciones administrativas por el solo hecho de expresarme políticamente y de hacer valer los derechos laborales del policía, pero veo con asombro que nada se hace cuando funcionarios con altas jerarquías e implicados en hechos que rayan con el delito no son sometidos a investigaciones internas".

El oficial Miguel Zalazar, en la puerta de ingreso a Fiscalía. (Foto: Roberto Paroni)