La Comisión Investigadora No Gubernamental de los hechos de diciembre de 2001 solicitó al juez de instrucción Osvaldo Barbero la investigación de presuntas irregularidades policiales detectadas en actuaciones sumariales y alertó sobre prácticas judiciales que "crean las condiciones para impedir el esclarecimiento de los hechos, garantizando la impunidad de sus autores materiales e intelectuales y eludiendo las responsabilidades políticas".
Después de analizar los expedientes por los homicidios de Juan Delgado, Yanina García, Walter Campos, Rubén Pereyra, Claudio Lepratti y Graciela Acosta, la Comisión Investigadora manifestó su preocupación por el rumbo de las investigaciones, donde observaron "eventuales irregularidades" de personal de la Unidad Regional II y "aparentes falencias" en la actuación de la Justicia.
La diputada nacional Alicia Gutiérrez, el diputado provincial Eduardo Di Pollina, Lilian Echegoy, Enrique Font y Antonio Tesolini, integrantes de la Comisión, presentaron un informe ante el juez Barbero en el que señalaron "falencias en la conducción judicial de las investigaciones, que en algunos casos quedaron por meses en manos de la policía, sin que se advierta en los expedientes un control jurisdiccional directo".
Asimismo "se omitió promover en forma inmediata" la investigación de presuntos delitos o faltas administrativas cometidas por policías y hubo de parte de la Justicia "demora u omisión en la realización de medidas probatorias esenciales, como por ejemplo pericias sobre armas, reconstrucciones, declaraciones de testigos y careos".
También quedaron sin investigar, a juicio de la comisión, "las contradicciones y diferencias entre las declaraciones de un mismo testigos en sede policial y judicial y entre testigos".
La presunta parcialidad de la investigación en curso se evidenciaría además en el hecho de que las resoluciones judiciales "no agotan la totalidad de las hipótesis" y se basarían "casi exclusivamente en las investigaciones realizadas por la policía y en los dichos de los propios imputados".
En ese sentido, los testigos que aportan elementos acusatorios serían sometidos a preguntas "que, según opinión de esta comisión, resultan tendenciosas" y "apuntan a que los testigos entren en contradicciones o desacreditarlos". En cambio, "no se observa una práctica similar cuando los que declaran son policías".
El informe de la Comisión puntualiza además presuntas irregularidades observadas en las intervenciones policiales en los sumarios de prevención. Entre ellas se encuentra la "alteración y modificación del escenario de los hechos", en el caso Pereyra. La subcomisaría 19ª y la División Judiciales investigaron este homicidio en Flor de Nácar y Hortensia, aunque el episodio ocurrió en la autopista Rosario-Buenos Aires.
Asimismo, la Comisión aseguró que existió desobediencia a instrucciones impartidas por el juez -sin que se hayan esclarecido esas situaciones- y que hubo una aparente falsificación de pruebas y hasta de causas, en alusión al caso Lepratti, denunciado post mortem por daños.
La Comisión también cuestionó la recepción de testimonios por parte de las mismas secciones involucradas en los homicidios. Al respecto, mencionó el caso de Walter Campos, donde las Tropas de Operaciones Especiales buscaron testigos e hicieron detenciones aun cuando un francotirador de esa fuerza se hallaba acusado por la muerte del chico de 16 años.
A once meses de ocurridos los hechos, la Justicia de Rosario mantiene detenido a un policía por el crimen de Claudio Lepratti. En el resto de los asesinatos no existe ningún imputado.
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La Ciudad
