El presidente Eduardo Duhalde logró ayer el compromiso de la mayoría de los gobernadores de todo el país y líderes parlamentarios, para avanzar con una respuesta a las exigencias planteadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para cerrar un nuevo acuerdo económico con la Argentina. El consenso habilitaría como primera medida la aprobación de la ley de presupuesto 2003 antes de fin de año y no modificar la ley de quiebras, dos de las condiciones exigidas por el organismo multilateral. Entre los temas reclamados por el FMI, sólo quedaron al margen el de las tarifas y el de los amparos judiciales, aunque éste último es un punto a resolver por la Corte Suprema.
Luego de casi dos jornadas de reuniones, Duhalde, gobernadores y líderes parlamentarios firmaron ayer en la Quinta de Olivos un documento de 12 puntos denominado acuerdo político, económico y social, que refleja en parte, algunas de las condiciones que el FMI le transmitió la semana pasada al ministro de Economía, Roberto Lavagna, para alcanzar un entendimiento.
De todos modos, manifestaciones vertidas por algunos legisladores a la salida del encuentro dieron a entender que el acuerdo parlamentario sólo rige para los títulos, y que es abundante lo que quedará por aclarar de aquí en más.
"Aspiramos a que ahora el FMI amplíe su consideración y podamos avanzar en cerrar el acuerdo", dijo Lavagna y admitió que "quizás no sea un acuerdo ideal (...), es el que al consenso generalizado y a las necesidades del país".
Pese a que contó con el respaldo de la mayoría de los mandatarios provinciales, Duhalde no pudo sumar el de las provincias que responden al ex presidente Carlos Menem (La Rioja, La Pampa y Salta) ni tampoco la de su antecesor, Adolfo Rodríguez Saa, como reflejo de la fuerte disputa interna en el justicialismo.
A pedido del Fondo
El acuerdo firmado ayer establece la aprobación antes de fin de año del proyecto de presupuesto 2003 "con las normas tributarias incluídas en el cálculo de recursos, limitando la afectación de las partidas de 3.500 millones de pesos".
Por otra parte, se acordó que la ley de leyes contenga un ajuste presupuestario para el año que viene de 1.000 millones de pesos, aunque el Poder Ejecutivo se comprometió a especificar de donde se echará mano para realizar este ahorro.
Otro de los puntos consensuados fue que el presupuesto 2003 se aprobará con la eliminación de los planes de competitividad, que instauró el ex ministro Domingo Cavallo a fin del año pasado.
Inmediatamente luego de conocerse la firma del acuerdo, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, Carlos Snopek, confirmó que el jueves próximo se iniciará formalmente el tratamiento del proyecto de Presupuesto 2003.
El acuerdo deja plasmado, por otra parte, el compromiso de los legisladores de "mantener las actuales normas que regulan el funcionamiento de la ley de concursos y quiebras y de la ejecuciones", una de las cuestiones coyunturales más difíciles de resolver por la administración de Duhalde, que generó arduas negociaciones y numerosas marchas y contramarchas hace 15 días entre el Congreso y el Ejecutivo.
Además, el consenso alcanzado por el gobierno con las entidades bancarias de frenar las ejecuciones hasta febrero del próximo año fue ratificado en el documento.
En cuanto a las ejecuciones extrabancarias, establece la creación dentro del Ejecutivo de una "unidad de emergencias legales" y una "comisión parlamentaria especial para su seguimiento", al tiempo que se consensuó que la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) "instrumentará un régimen informativo sobre este tipo de acciones judiciales".
El documento contiene además un párrafo explícito que va en camino al pedido del FMI sobre el consenso político para sustentar el acuerdo técnico con el organismo. "Reafirmar la vocación de Argentina de integrarse al mundo, respetar los acuerdos internacionales suscriptos y arribar a acuerdos convenientes a los intereses nacionales con los organismos multilaterales de crédito", firmaron los gobernadores con el presidente.
La ley de entidades
Por otra parte, se adoptó el compromiso de modificar la ley de entidades financieras e incluir medidas de "transferencia de activos bancarios, valuación de activos, procedimientos de designación de veedores y eliminación de normas que impliquen restricciones o discriminen a funcionarios encargados de llevar a cabo procesos de rehabilitación cuando actúen de buena fe y en el marco de las normas existentes".
La modificación de la ley de entidades financieras desató disidencias entre los mandatarios que sellaron el acuerdo. Por esta razón, el jefe del Gobierno porteño, Aníbal Ibarra; los gobernadores de Santa Cruz, Néstor Kirchner, y de Neuquén Jorge Sobisch; y los titulares del bloque radical en el Senado, Carlos Maestro, y del Interbloque Federal de Diputados, Alberto Natale, firmaron en disidencia. Estos observaron los puntos referidos a la modificación de la ley de entidades financieras, por entender que deja abierta la inmunidad de funcionarios del Banco Central ante quiebras de entidades, y también el punto sobre el tratamiento de ejecuciones hipotecarias para sectores extrabancarios.
Sobre este último punto, Kirchner consideró que "deben formarse fondos fiduciarios que den seguridad a estos deudores", e Ibarra estimó que habría que haber contemplado específicamente los casos de "deudores adquirientes de viviendas unifamiliares".
El tema ausente fue el reajuste de las tarifas de servicios públicos, un tema que hasta el momento el gobierno prevé solucionar vía decreto (ver página 8).
El Senado también aprobaría esta semana el proyecto por el cual será obligatorio que todas las moratorias impositivas sean aprobadas por ley y no por decreto del Ejecutivo, lo que marca el comienzo del análisis en la Cámara alta de los proyectos acordados ayer en Olivos.
La Ciudad
