El ministro de la Producción, Aníbal Fernández, aseveró ayer que la posibilidad de un aumento de tarifas de los servicios públicos privatizados, del 10 por ciento promedio, "todavía no está cerrada y se seguirá hablando". El funcionario refirió que la cuestión tarifaria no constituye un condicionamiento del FMI a un posible acuerdo con la Argentina y que éste "es un tema de consideración y resolución interna".
Fernández formuló declaraciones en un paréntesis de la reunión en Olivos entre gobernadores provinciales, legisladores y el presidente Eduardo Duhalde.
Pese a lo dicho por el funcionario, se sabe que un ajuste de las tarifas post devaluación y pesificación forma parte de las arduas conversaciones entre los funcionarios del FMI y del gobierno argentino, punto sobre el cual reclamarían un incremento para este rubro del orden del 30 por ciento.
El gobierno rechazó un ajuste de esta magnitud y ha señalado su disposición a autorizar un aumento promedio de 10 por ciento, al menos en una primera etapa, contemplando la vigencia de una tarifa de interés social para los sectores de menores recursos y consumos, por caso, de electricidad y gas por redes.
El viernes último la Justicia Federal en lo Contencioso Administrativo hizo lugar a un pedido de suspensión de las audiencias públicas que habían sido convocadas para esta semana para analizar pedidos de ajuste tarifario planteados por las empresas licenciatarias de tales servicios.
Ayer el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) apeló esa decisión judicial, y a la brevedad hará lo mismo el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre), cumpliendo así con cuestiones de procedimiento legal cuya definición en el tiempo seguramente demore.
En tanto, el ministro de Economía, Roberto Lavagna, presentó en Olivos un informe sobre las negociaciones con el FMI, y también otro específico sobre la cuestión tarifaria, en procura de un cierto aval político a un eventual aumento que se dispondría por decreto de necesidad y urgencia.
Una medida inconstitucional
En tanto, la Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alicia Oliveira, y el diputado socialista Héctor Polino, reiteraron -por separado- sus advertencias al Poder Ejecutivo para que no recurran al decreto porque ello sería inconstitucional.\Ambos consideran que la cuestión tarifaria deberá ser contemplada en el marco de una renegociación global de los respectivos contratos de concesión de los servicios, tal como esta ocurriendo en los casos de Aguas Argentinas y de los corredores viales mantenidos con peaje.\A través de un comunicado, Polino señaló que "por más apoyo político que el gobierno busque para producir un tarifazo en los servicios públicos por decreto, será fácilmente invalidado ante la Justicia y derogado por el Congreso".\En tanto, las empresas de los servicios de gas y de electricidad reiteraron al gobierno su pedido de adecuación tarifaria argumentando el perjuicio económico y financiero que les está acarreando la devaluación y la eliminación -por la ley de emergencia pública- de cualquier fórmula de indexación automática como las vigentes por contrato hasta ése momento.\Las compañías remarcaron que como consecuencia de esto se sentirán a corto plazo una merma en la calidad de la prestación de los servicios.
La Ciudad
