La diputada nacional María del Carmen Alarcón admitió haber enviado al subsecretario de Seguridad, Enrique Alvarez, una carta recomendando a quince jóvenes para ingresar a la policía, pero al mismo tiempo lanzó una supuesta denuncia de coima por parte de policías que en la Jefatura le exigían el cobro del primer sueldo a los futuros aspirantes a cambio de la entrega de una solicitud para acceder a la fuerza.
Enterado Enrique Alvarez de estas declaraciones, de inmediato puso en conocimiento al área de Asuntos Internos de la Policía, pero al mismo tiempo dejó en claro que la legisladora en ningún momento mencionó el intento de coima y que el motivo de su recomendación a través de una nota con su sello y membrete haya sido precisamente ese razón, por lo cual deberá dar a conocer la información que posee.
"De haberlo hecho, de inmediato habría puesto en conocimiento del tema a Asuntos Internos, porque esto fue hace quince días", sentenció Alvarez, quien además reconoció que "todo el mundo hace recomendaciones, pero eso no quiere decir que sean tenidas en cuenta". El funcionario precisó que sobre 500 nuevos agentes de policía que serán incorporados ya existen más de 4.000 inscriptos.
El hecho sacó nuevamente a la superficie la vieja práctica del tráfico de influencia que llevan a cabo legisladores o funcionarios de alto rango y que termina destrozando el derecho constitucional de igualdad ante la ley. Lo insólito de este caso no es solamente que la diputada haya reconocido la recomendación que ella misma realizó a través de una nota, sino que lo haya realizado porque algunos de los postulantes recomendados le contaron que en la Jefatura de Policía le exigían el pago de un sueldo como anticipo. Esto significa que Alarcón no sólo omitió denunciar un delito sino que tampoco tuvo en cuenta al resto de los aspirantes que podrían ser víctimas de la supuesta coima.
Las "sugerencias" de siempre
El suceso cobró notoriedad a partir de una denuncia de la delegación Santa Fe de la Asociación Profesional Policial (Apropol), la que afirmó a El Consultor Web que existe un virtual tráfico de influencias de parte de algunos legisladores que, haciendo uso de su cargo, "envían notas recomendando la elección de una cantidad importante de aspirantes en perjuicio de decenas de jóvenes que quieren incorporarse a la policía", dijo Miguel Salazar, uno de los titulares de esa organización.
Precisamente, fue Salazar quien mencionó a la legisladora justicialista como la autora de una nota al subsecretario de Seguridad con una lista de quince aspirantes para que sean seleccionados e ingresen en forma directa a la fuerza.
Posteriormente se pudo conocer que la legisladora envió una nota a Enrique Alvarez en donde le dice: "De acuerdo a lo conversado oportunamente le elevo a usted la siguiente nómina de aspirantes a agentes de policía", enumerando nombres, documentos, direcciones y todos los datos, a lo cual se le agrega otra nota con los mismos datos, pero en este caso dirigida al jefe de policía de la provincia.
El reglamento del Régimen Disciplinario de la Policía, en su artículo K, dice que un policía "no puede valerse de recomendaciones ajenas a la institución para gestionar destinos, ascensos o cualquier otra medida de provecho beneficio". Cuando se le recordó a la legisladora durante una nota por LT10 que los futuros policías vulneraban uno de sus principios básicos, esta respondió: "Habría que averiguar si estas reglamentaciones se cumplen".
"Esto lo hubiera hecho igual aun cuando no fuera diputada, sino como ciudadana «conocida» a través del cargo que ocupé en la Dirección Provincial", añadió Alarcón, quien fue directora de Ceremonial de la provincia durante la primera administración de Carlos Reutemann.
En su intento por defenderse, la diputada del justicialismo también sostuvo que "los chicos van a tener que pasar por un examen minucioso. En eso yo no me meto, solamente estoy recomendando a quince chicos". Cuando el periodista le recordó que ella le había enviado una nota al subsecretario de Seguridad, Alarcón agregó: "Estoy recomendando a quince personas para poder ingresar pero no tengo poder para firmar un decreto".
La Ciudad
