Una nueva investigación da precisiones acerca de un plan específico de la última dictadura militar, enmarcado dentro de la "Doctrina de seguridad nacional", destinado a censurar el patrimonio cultural en la figura de los autores, los editores y los libros. El trabajo realizado por Judith Gociol y Hernán Invernizzi acaba de ser publicado por la editorial Eudeba con el título "Un golpe a los libros" .
El estudio tuvo su origen en investigaciones realizadas por la Dirección General del Libro y la Defensoría del Pueblo, y se corroboró con documentos hallados en forma casual en una bóveda del Banade (ex Banco Nacional de Desarrollo). "Cuando empezamos a trabajar en bibliotecas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires -explica Gociol-, las charlas sobre el tema nos llevaron a vislumbrar una línea para nada errática".
"La persona a cargo de la editorial Siglo XXI cuenta que una tarde apareció una patota, lo tiró contra una pared, lo encañonaron y, tras identificarlo, se lo llevaron. Relatos semejantes, contados así, podrían dar la sensación de que se trató de algo aislado, un exceso más dentro de la maquinaria represiva. Sin embargo había una línea oficial, documentos firmados por Videla y Harguindeguy", ejemplifica.
Contra la idea de que la censura de libros y la persecución a sus autores fue un accionar lateral, consecuencia de un aparato represivo poco discriminatorio, antojadizo e improvisado, Gociol explica: "Trabajábamos el tema y aparecieron los decretos oficiales. Pensamos entonces que había un plan que iba más allá del accionar de una patota".
"Mientras investigábamos, nos enteramos que la Defensoría del Pueblo estaba sobre el mismo tema, así que en ocasión del 25º aniversario del golpe aunamos esfuerzos. La Defensoría sumó el archivo del Banade y, de este modo, confirmamos la existencia de una infraestructura al servicio de la censura".
La "depuración ideológica"
El antecedente directo de estos documentos son los archivos secretos de la llamada Operación Claridad, difundidos en marzo de 1996 y revelaron un accionar de "depuración ideológica" con prohibiciones y listas negras que afectaban a numerosos artistas y docentes: "Son piezas que sostienen la misma idea -dice Gociol-. Estos documentos confirman y completan los materiales de la Operación Claridad que estaba vinculada al ámbito educativo".
La ferocidad esgrimida contra los muchos intelectuales y creadores que fueron objeto de censura, persecución, cárcel y exilio (suman 83 los escritores desaparecidos o víctimas del terrorismo de Estado) parecen de por sí revelar un plan sistemático. Pero Gociol advierte que "estaba instalada la idea de que a los escritores se los reprimió por su militancia y a las editoriales porque editaban libros marxistas, cuando en realidad los militares -subraya- tenían muy claro para qué podía servir la cultura y por eso la atacan. Además, planeaban un paso siguiente: imponer su discurso. Eso se ve nítidamente en el caso de Eudeba: quema de libros, entrega de volúmenes a los militares de parte del directorio de la editorial, secuestro de gente que trabajaba en la editorial e intento de editar una colección controlada por el Ministerio del Interior. Ahí está el programa completo".
Delirio, ignorancia y fineza
Así es que bajo la pátina de desvarío que supone colocar todo bajo sospecha, se deslizaba la lupa de un afinado criterio. Para Gociol, "había delirio, sí, también ignorancia -el famoso ejemplo de un libro de química prohibido por su título, "La cuba electrolítica"- pero en un grado mucho menor de lo que se cree, ya que había personas con conocimiento de lo buscaban".
"Cuando prohíben el libro para niños "La torre de cubos" de Laura Debetach, saben qué mensaje están prohibiendo: la historia de un chico que se opone a un señor que vende cuadernos, con el argumento de que todos los chicos deberían tener cuadernos. Los encargados de censurar eran más finos de lectura de lo que se piensa. Hay informes muy elaborados, por ejemplo los de la oficina de Publicaciones; había personal que analizaba minuciosamente las distintas líneas del marxismo".
Quienes estaban a cargo de la represión cultural, procuraban una pátina de legalidad "y también una conciencia de ocultar, por eso la advertencia en los mismos archivos de «estrictamente confidencial», «privado», «tirar», etcétera".
Aunque, por otro lado, "muchas de esas cosas figuraban en los boletines de la Secretaría de Educación Privada que iban a todas las escuelas y comunicaban los libros prohibidos, había un juego interesado entre lo que se ocultaba y lo que se decía, dando paso a una zona de grises, de vaguedad y confusión, usina de la autocensura que hizo que mucha gente quemara sus propios libros en su casa".
La quema oficial fue grande, "se quemaron muchos libros de Eudeba, y se habla de un millón y medio de ejemplares en el caso del Centro Editor de América Latina". (Télam)
La Ciudad
