El Ministerio de Economía tiene en estudio un proyecto para que los bancos y sus morosos hipotecarios se sienten a rediscutir los términos de las deudas. La medida sería un camino alternativo luego de que el gobierno decidiera dar marcha atrás con la postergación de las ejecuciones, debido a presiones del Fondo Monetario Internacional (FMI).
El jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Economía, Federico Poli, confirmó que se está trabajando en este nuevo mecanismo ya que la situación de los morosos hipotecarios le "preocupa muchísimo" al gobierno. Precisó que en el Palacio de Hacienda están trabajando para "abrir una instancia de negociación entre el banco y el deudor", de modo de evitar los remates.
Lavagna admitió el viernes, ante unos 400 empresarios de primera línea congregados en el coloquio anual de Idea en Mar del Plata, que la suspensión de las ejecuciones hipotecarias constituían "el último obstáculo" en la negociación con el Fondo.
Sin embargo, el ministro sabe que si en los próximos días no se encuentra una solución para los morosos que tienen sus ejecuciones suspendidas, se corre el peligro que unas 260 mil viviendas viviendas pasen a manos de los bancos.
Esta suspensión, que había sido aprobada por 180 días, estuvo a punto de prorrogarse por otros 30 días, pero ante el reclamo del Fondo, se decidió no alargarla, lo que motivó un enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, donde senadores y diputados quiere evitar una "catástrofe".
En ese sentido, el propio titular del bloque de diputados del PJ, Humberto Roggero, con el apoyo de la oposición, advirtió al gobierno que si entre lunes y martes no hay algún acuerdo para impedir que la gente pierda sus casas, los legisladores votarán una nueva prórroga por 180 días.
El viernes pasado, una fuente de la conducción del bloque justicialista de diputados admitió que había una línea de negociación con el Ejecutivo para acordar una propuesta que evite una ola de remates y al mismo tiempo no afecte las negociaciones con el FMI.
Por su parte, Poli consideró que "no se puede mantener indefinidamente" la postergación de las ejecuciones, y puso de relieve que durante este año se tomaron medidas para "proteger" a los morosos, como pesificar sus deudas, actualizarlas por el índice salarial y exceptuarlas del CER.
En tanto, los bancos se mostraron dispuestos a una negociación porque aseguraron que su negocio no pasa por quedarse con miles de viviendas sino por recuperar los fondos concedidos en préstamos.
Es más, fueron los propios banqueros quienes le entregaron a los diputados una proyección realizadas por ABA y Abappra, donde se pronostica que si no se toman medidas, otros 188.000 inmuebles se sumarían a los remates.
Alerta de deudores
La decisión del gobierno de no postergar la suspensión de remates provocó la reacción de los deudores, a días de que venza el paraguas establecido por la ley de emergencia económica y el Congreso.
La Coordinadora de Actividades Mercantiles (Came) advirtió que de no mediar una solución "desde esta semana comenzarán a producirse los remates de 260 mil viviendas y 10 mil locales comerciales".
El Movimiento Nacional de Mujeres Agropecuarias en Lucha, en tanto, se declaró en estado de alerta y comenzó a organizar para los primeros días de esta semana un encuentro con el resto de las entidades que representan a los deudores.
El movimiento se quejó de "las manipulaciones del FMI que obligaron al gobierno títere de la Argentina a boicotear la sanción de un proyecto de ley para prorrogar la suspensión de los remates" y advirtió que la decisión incrementará los problemas sociales de "un país diezmado por la desocupación, la miseria y el hambre".
"Nos quieren dejar sin techo, sin pequeñas y medianas empresas y sin el campo, que son la base de la economía nacional", protestó la entidad a través de un comunicado.
La Ciudad
