Maria Laura Cicerchia / La Capital
Haber sido acusado de un delito le abrió a Pablo Adrián D., de 18 años, la posibilidad de iniciar un tratamiento para resolver su crónica adicción a las drogas: un juez penal instó al Estado provincial a hacerse cargo de la internación del adolescente, que hasta el momento no recibió asistencia adecuada. En el mismo fallo, el chico fue absuelto de la acusación que pesaba sobre él por el intento de robo de una bicicleta. El caso desnudó la inexistencia de una institución pública en la provincia para la internación de adictos con bajos recursos.
Pablo es un chico conflictivo. "Riesgoso para sí y para los demás", según los médicos que lo examinaron a lo largo del proceso judicial. Es adicto al alcohol y a las drogas desde los 6 años, vive en absoluta pobreza y no tiene contención familiar porque sus parientes más cercanos también están en riesgo.
Su mamá, Ana H., es alcohólica y padece trastornos mentales desde que sufrió la pérdida de su esposo y uno de sus hijos que murió por sobredosis. Un hermano del chico, Claudio, también es adicto y estaba preso al momento de dictarse la sentencia. Otras dos hermanitas fueron derivadas a un hogar de menores y el más chiquito, con síndrome de down, fue internado porque no puede estar al cuidado de su madre hasta que ella finalice su tratamiento en el Hospital Agudo Avila. La casa familiar, ubicada en el barrio San Francisquito, es un rancho que ni siquiera tiene una mesa donde sentarse a comer los alimentos que reciben de las organizaciones del lugar.
Ese es el cuadro de situación que describió una Junta Especial en Salud Mental, del Ministerio de Salud provincial, en un informe elaborado para el expediente en el que estuvo imputado Pablo.
La causa se inició porque un vecino había denunciado al chico por intentar robarle la bicicleta. Pero su participación en ese episodio no pudo acreditarse y el juez de Sentencia Antonio Ramos lo absolvió. Si se demostraba su culpabilidad, lo más probable es que al joven lo declararan inimputable porque la adicción le provocó trastornos mentales.
El chico se encuentra bajo un tratamiento que la Colonia Psiquiátrica de Oliveros le brinda de forma "excepcional", ya que el trabajo de las adicciones no es su especialidad. Allí el joven cuenta con salidas transitorias en las que cae nuevamente en el consumo de drogas. Por ese motivo, desde Oliveros le pidieron al juez Ramos que reclamara al Ministerio de Salud la internación de Pablo en un instituto privado.
Fue durante una de esas salidas, el 25 de febrero pasado, cuando un vecino lo acusó de intentar robarle la bicicleta. El hombre dijo que iba por San Nicolás hacia el sur cuando al llegar a 27 de Febrero se cruzó con Pablo y su hermano Claudio. Según su relato, ambos estaban armados con cuchillos y le exigieron el rodado. Pero el robo se frustró porque el ciclista se deshizo a empujones de los asaltantes y escapó del lugar.
Claudio fue desvinculado de la causa por falta de pruebas, pero Pablo fue procesado por la jueza de Instrucción Raquel Cosgaya. Sin embargo, el juez Ramos evaluó que no hubo suficientes elementos para dictar una condena: más allá del testimonio de la víctima, no había otras pruebas en contra del chico.
Aún así, el magistrado entendió que no se podía dejar de lado la problemática del joven. Teniendo en cuenta su falta de antecedentes, su edad y sus condiciones de vida, requirió al Poder Ejecutivo provincial que "articule los medios necesarios para resolver la angustiosa situación de salud" de Pablo. Y le solicitó a la Colonia de Oliveros y al Ministerio de Salud que coordinen los pasos a seguir con el muchacho.
"Estamos tratando de gestionar una beca para que el Ministerio se haga cargo del tratamiento en un lugar privado", señaló al respecto la trabajadora social Silvia Martínez, integrante de la Junta que evaluó a Pablo. Esa es la salida que sugirió el equipo de trabajo ante la inexistencia de una institución específica, dentro de la órbita provincial, para el tratamiento de adicciones. Más allá de algunas granjas subvencionadas por el Estado, "el Ministerio de Salud no cuenta con instituciones para trabajar esta problemática. Hay hospitales generales o psiquiátricos, pero en muchos casos esto no alcanza para tratar una adicción. La falta de un lugar es nuestra mayor dificultad".
Martínez indicó que las becas sólo se entregan de forma excepcional y cuando el caso es "extremo". "Pablo está desprotegido. Es un chico agresivo pero posible de rehabilitarse. Necesita un lugar de alojamiento físico y subjetivo. Es un chico en permanente riesgo subjetivo por toda su situación, pero compensado es un maravilloso joven", evaluó.
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